En la primera parte de nuestro blog sobre la solidez del estado de derecho reflexionamos sobre la importancia de fortalecerlo a través de la construcción de la cultura de la legalidad. Analizamos igualmente los factores que revisa el World Justice Project (WJP) para la medición del estado de derecho. En esta segunda parte seguiremos analizando índices y casos que nos pueden ayudar a comprender mejor la situación que vive México en relación con ese tema.
Índice de riesgos de corrupción
Otro punto de análisis importante sobre el estado de derecho es el índice de riesgos de corrupción que ofrece cada año el Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) [1].
El Gobierno Federal actual dice tener una lucha anticorrupción como uno de sus principales compromisos, sin embargo, los resultados del índice de corrupción no muestran cifras alentadoras.
¿Qué mide el índice de riesgos de corrupción (IRC)?
El IRC se enfoca en una de las áreas más vulnerables a la corrupción: las compras públicas, por lo que genera un análisis que monitorea las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley [2].
Continúan los riesgos de corrupción en las compras públicas del Gobierno Federal
De acuerdo con el resultado del IRC en el 2021 [3]:
- 4 de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencia, 41% del monto total fue adjudicado directamente y 4% a través de invitaciones restringidas.
- Las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores considerados como riesgosos, tales como empresas fantasma, o sancionados por la Secretaría de la Función Pública, u otras de reciente creación.
- Del total de instituciones federales, 29% aumentó su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.
- Una de cada tres licitaciones públicas no cumplió con el requisito de publicar la documentación necesaria para respaldar las compras. Un ejemplo de esto es que el 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), que es una plataforma que pone a disposición de los ciudadanos información de interés público sobre la manera en que se ejercen las contrataciones públicas en cada una de las etapas que recorren [4].
Las compras públicas a través de competencias y licitaciones ayudan a dar transparencia al proceso, a la rendición de cuentas, y buscan garantizar que el más experto esté a cargo del proyecto. Lamentablemente observamos que no se realizan las contrataciones a través de estos procedimientos, lo cual da pie al nepotismo que ha caracterizado a muchos gobiernos mexicanos, y debilita la transparencia que el gobierno está obligado a mostrar a sus ciudadanos.
El caso de la ministra Jasmín Esquivel
Mucho se ha hablado del caso confirmado de plagio de tesis de licenciatura de la ministra Jasmín Esquivel, una de las candidatas para la elección de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) [5].
La reflexión que hacemos sobre el caso de la ministra con relación a la solidez del estado de derecho que vive México, es sobre la preparación e integridad de las autoridades que dirigen el país. No basta con tener títulos o grados académicos para obtener un puesto de trabajo, mucho menos si estos no fueron adquiridos a través del esfuerzo y dedicación debidos. Cada etapa de desarrollo y formación debe ser tomada con seriedad.
El perfil del gobernante, líder o jefe implica la mayor preparación técnica posible, así como dejarse guiar por los valores que construyen a una nación, como son el bien de la sociedad y la familia, y sobre todo colocar a la persona en el centro de todas sus decisiones. Un puesto público debe significar un gran orgullo e implicar en la persona que lo toma la mayor seriedad y compromiso hacia quienes se sirve, en este caso, los mexicanos.
Es lamentable conocer este tipo de casos pues muestran la realidad con la que se entreteje la política y la sociedad mexicana.
Los “narco-estados” y el gran daño que hacen al estado de derecho
Una gran preocupación que tenemos los mexicanos desde hace más de una década tiene que ver con el progresivo poder que van teniendo los grupos criminales sobre amplias regiones del país. Se pasó del negocio de los estupefacientes a tener toda una empresa criminal que opera.
En algunos lugares estos grupos criminales se asumen como un gobierno paralelo al que se tiene. Controlan en la región la seguridad, la producción de algunos bienes, e incluso cobran cuotas de producción a ganaderos, agricultores y mineros.
Todas estas actividades evidentemente debilitan el estado de derecho porque no somos los mexicanos quienes elegimos esa forma de gobierno, sino que son estos grupos de criminales los que toman control del país. Estas operaciones tienen que ver con el gran poder económico que han ido adquiriendo tras los beneficios de venta de drogas en otros países, principalmente en EE. UU., así como por la facilidad que han tenido para adquirir armamento. Esto ocasiona que las fuerzas de seguridad locales y estatales se vean sobrepasadas por la capacidad de armamento con la que cuentan los criminales.
El compromiso es de todos
Vemos a través de los distintos índices y factores que analizan el fortalecimiento o debilitamiento de un estado de derecho, una gran oportunidad para trabajar todos los días y a través de distintas maneras en la construcción de un mejor país. A todos nos compete conocer la ley, seguirla, denunciar los crímenes e injusticias y colaborar con las autoridades.
ConParticipación
Fuentes:
[1] https://imco.org.mx/indice-de-riesgos-de-corrupcion-2022/
[2] Ibíd.
[3] Ibíd.
