Este es el último de la serie de artículos sobre la Agenda Ciudadana 2021, Vida, Libertad-Verdad. Ya hemos hecho mención sobre tres pilares que componen la agenda: estabilidad y bienestar de los núcleos familiares, crear condiciones para un proyecto de vida saludable para los jóvenes y la dignidad de la mujer. En esta ocasión hablaremos del cuarto pilar, que trata sobre cultura de la legalidad y estado de derecho.
Este último pilar incluye el promover las condiciones institucionales y culturales necesarias para una cultura democrática capaz de construir el bien común. Entre sus fundamentos se encuentra [1]:
- La legalidad y estado de derecho como base para el progreso. La cultura de la legalidad implica que “cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho”. Por su parte el estado de derecho es “aquél en el que todos los integrantes de la sociedad están gobernados por leyes establecidas de forma democrática, protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente”.
Roy Godson define la cultura de la legalidad de la siguiente manera [2]:
“Significa que la cultura, ethos y pensamiento dominantes en una sociedad simpatizan con la observancia de la ley. En una sociedad regida por el Estado de derecho, la gente tiene capacidad para participar en la elaboración e implementación de las leyes que regulan a todas las personas e instituciones de esa sociedad […]. Sin una Cultura de la Legalidad, el Estado de derecho no es realmente viable; a su vez, el Estado de derecho sin dicha cultura tampoco es realmente deseable”.
Esto quiere decir que no depende solo del gobierno el impulsar la cultura de la legalidad, sino que la sociedad también tiene la responsabilidad de implementarla. Si en una sociedad existe una verdadera cultura de la legalidad, tanto autoridades como ciudadanos hacen un esfuerzo por cumplir la ley para que se logre el estado de derecho.
Ahora bien, la cultura de la legalidad tiene cuatro características sin las cuales no podría existir [3]:
- Conocer la ley. Sucede cuandola mayoría de las personas conocen las leyes y también conocen sus derechos o garantías individuales. Por ejemplo: las personas saben que no deben robar o que se les robe.
- Respetar la ley. Sucede cuando la gran mayoría de las personas aceptan la ley y tienen la disposición de acatarla. Esto implica respetarla, aunque no siempre nos convenga hacerlo. Ejemplo: una persona sabe que no debe robar y no lo hace.
- Denunciar las violaciones a la ley. Sucede cuandola mayoría de las personas rechaza la ilegalidad. Es decir, que en nuestra sociedad predomine una actitud que está en contra de la corrupción y la delincuencia. Ejemplo: una persona sabe que no debe robar, no lo hace y además rechaza que otras personas lo hagan.
- Colaborar con las autoridades. Ocurre cuando la mayoría de las personas apoyan a las autoridades que imparten justicia. Es decir, los ciudadanos consideran que el sistema judicial es la mejor opción para obtener justicia y lo apoyan. Ejemplo: una persona sabe que no debe robar, no lo hace, no desea que otras personas lo hagan y, además, si se entera de que alguien robó, lo denuncia ante las autoridades. No hace justicia por su propia mano.
Cuando se da alguna falla en cualquiera de estos cuatro elementos se obstaculiza el estado de derecho que la ciudadanía espera que se viva en su país. En un estado de derecho, las normas jurídicas se instituyen democráticamente, se aplican a todos por igual, se hacen cumplir y son obligatorias, y además, se protegen los derechos humanos [4]. Cuando las personas y la sociedad respetamos las normas y promovemos que otros las respeten, se fortalece el estado de derecho.
Pero ¿los mexicanos respetamos las normas comúnmente? El estudio “Cultura de legalidad en México” realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México en 2019, el cual da seguimiento a otro estudio sobre el mismo tema elaborado en 2014, arroja algunos resultados sobre esto: el 84% de los entrevistados justifica que se cometan faltas e infracciones [5]:
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“57% está de acuerdo en que en ocasiones las personas se ven obligadas a cometer una infracción o falta para salir de un problema. 84% justifica que se cometa una infracción o falta si esto se debió a una urgencia, si fue accidental o si nadie resulta afectado ni dañado, entre otras razones. Únicamente 16% de los mexicanos considera que cometer una infracción o falta no estaría justificado en ninguna circunstancia. Si quien comete una infracción es un familiar, se muestra renuencia a denunciarlo, únicamente 19% lo haría”.
Entonces ¿se vive la cultura de la legalidad en México? El Índice de Cultura de la Legalidad (ICL) es una herramienta que nos permite conocer el respeto a la ley. Este comprende tres ejes: valoración/aprecio de la cultura de la legalidad, percepción de la cultura de la legalidad en los otros y prácticas de la cultura de la legalidad en la persona [6]. En el 2014 se realizó la primera encuesta para medir este índice. Los resultados señalaron que aunque hay una cierta satisfacción y aprecio por la cultura de la legalidad, el índice cae debido a la percepción de las prácticas de la cultura de la legalidad de otros y se derrumba por motivo de las prácticas individuales [7]. Esto quiere decir que a pesar de que valoramos el respeto, conocimiento y cumplimento de las leyes creemos que los demás no las cumplen. Nosotros mismos también somos deficientes en su cumplimiento.
Ya que tenemos claridad sobre la cultura de la legalidad y el estado de derecho, conozcamos ahora los elementos que comprenden este pilar de la Agenda Ciudadana 2021:
– Combate a la corrupción. Preocupan los índices de corrupción que hay en el país, y por eso este tema está incluido en la agenda. De acuerdo con el índice de corrupción a nivel mundial y según el ranking de estado de derecho, hace dos años (2019) México se encontraba en el lugar 117. En el 2021 en el ranking estado de derecho, obtuvimos la posición 135. Este ranking mide tres formas de corrupción: sobornos, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos [8]. Además, la corrupción se mide en cualquiera de estas formas en funcionarios del gobierno del poder ejecutivo, legislativo, judicial, en el ejército y la policía.
– Transparencia y la rendición de cuentas. Toda decisión que tome el gobierno debe estar al alcance de los ciudadanos para poder vigilar que los recursos públicos se usen y ejerzan en apego a la ley. La transparencia permite conocer las decisiones de los servidores públicos [9] y, además, todas las autoridades están obligadas a rendir cuentas, es decir, a informar y justificar sus decisiones ante la ciudadanía. En la medida en que estas acciones se lleven a cabo, habrá mayor confianza por parte de los ciudadanos. El Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica que los municipios tienen la obligación de poner a disposición de la sociedad la información, así como mantenerla actualizada. ¿Qué nos dice todo esto? Que cuando los ciudadanos vigilamos que se usen adecuadamente los recursos, es más probable que el gobierno haga un uso más eficiente de ellos y haya menos posibilidades para la corrupción.
– Confianza en el sistema de justicia y combate a la impunidad. En el 2019, la organización Impunidad Cero realizó el estudio “Presupuesto estatal para el combate a la impunidad”, que indicó que se invierten 3.74 pesos por persona al día para la impartición de justicia, lo cual resulta insuficiente. En aquellos estados que el gasto es menor, existe un aumento en la impunidad en homicidio doloso, de acuerdo con este estudio [10]. Es necesario que se le dé la importancia que requiere a la inversión en el combate a la impunidad que existe en México.
En cuanto a la confianza en el sistema de justicia, llama la atención que por cada 100 delitos que se cometen en México, solo el 6.4 de ellos se denuncian. Y de cada 100 delitos que se denuncian, solo son 14 los que se resuelven, lo que se traduce en una probabilidad del 0.9% de que sea resulto un delito en México [11]. Así de alarmante está la impunidad en nuestro país y la ineficacia en ejercer la justicia. Es necesario implementar una cultura de denuncia en nuestro país. Una forma sería dar una fuerte promoción al Sistema Integral de denuncias ciudadanas (SIDEC) [12], herramienta a través de la cual todos los ciudadanos pueden realizar una denuncia en caso de haber sido afectados por algún funcionario o institución pública. Este servicio es gratuito y confidencial.
– Participación ciudadana y desarrollo de la democracia. No olvidemos que para que nuestro país sea más fuerte, debemos actuar y contribuir para que se viva la democracia. Y para que la democracia se ejerza, se requiere de la participación ciudadana. El Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) [13], que se ha estado evaluando por 10 años, presentó en febrero de este año los resultados correspondientes al año 2020, basados en datos a diciembre de 2019. Entre las conclusiones de este reporte tenemos que los problemas relacionados con la democracia detectados desde hace 10 años que inició la medición siguen vigentes. Agrega que es necesario incrementar el compromiso de los ciudadanos por su democracia. Como lo habíamos mencionado, la participación ciudadana es un derecho y un deber ciudadano necesario para la consolidación de una democracia plena [14].
Como conclusión de esta serie de artículos, es nuestro compromiso y deber dar seguimiento a nuestra agenda ciudadana para que nuestros gobernantes garanticen su cumplimiento. Si queremos que nuestros representantes dediquen su tiempo y los recursos públicos para resolver los verdaderos problemas de la sociedad, hay que dar un seguimiento puntual a todos los temas que plantea la agenda. Para conocer más la Agenda Ciudadana 2021 ve al siguiente enlace: https://www.agendaciudadana2021.org/
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Fuentes:
[1] Cultura de la legalidad, https://www.mucd.org.mx/cultura-de-la-legalidad-en-mexico/
[2] Roy Godson, “A Guide to Developing a Culture of Lawfulness”, conferencia en el Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global Implications of the Palermo Sicily Renaissance, Palermo, 14 de diciembre de 2000, pp. 2, 3., citado en: https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/LaCulturadelaLegalidad.pdf
[3] http://www.almamater.edu.co/sitio/Archivos/Documentos/Documentos/00000462.pdf
[4] https://www.mucd.org.mx/cultura-de-la-legalidad-en-mexico/
[5] https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/cultura-de-la-legalidad-en-mexico
[6] https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/Carta-dlinkketallada-ICL.pdf
[11] https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/
[12] https://sidec.funcionpublica.gob.mx/
[13] https://www.ieepco.org.mx/archivos/documentos/2021/IDDMEX2020.pdf
[14] Ibíd.
