En ConParticipación vamos un paso adelante informándote sobre sucesos importantes en el mundo y en México. Uno de ellos, y del que ya te hemos hablado anteriormente, es la reforma del INE y los próximos pasos hacia las elecciones de 2024. Por esta razón el pasado 18 de marzo, ConParticipación coordinó un evento presidido por la Arquidiócesis de Monterrey en el que se tuvo la conferencia “Situación de la reforma del INE y escenarios para la elección presidencial 2024”. La ponencia fue impartida por el Mtro. Guillermo Torres, director de la plataforma digital SaberVotar.com. El Mtro. Torres cuenta con una amplia experiencia como asesor y funcionario de gobierno. Si quieres ver esta conferencia puedes hacerlo dando clic en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NTBVGjklVyM
Guillermo inició comentando que observamos en los últimos meses un esfuerzo del actual gobierno por llegar a consolidar su modelo, la “cuarta transformación” en todos los espacios: en el poder legislativo con un control parcial, el poder judicial y en los tres órdenes de gobierno, entre otros contextos.
Nuestro ponente invitado explicó luego la forma en que ha ido evolucionando la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguro habrás escuchado del llamado “plan B”, que no es otra cosa que una segunda iniciativa presentada por el presidente ante el rechazo que tuvo su primera propuesta de reforma electoral, que sería el “plan A” que modificaría la Constitución, y que fue dada a conocer en abril de 2022. Esta no obtuvo la mayoría calificada.
Ante el rechazo del plan A el primer mandatario propuso el plan B, que busca reformar seis leyes generales relacionadas con el tema electoral. Esto se ha dado en dos paquetes:
Paquete 1. Aprobado en diciembre de 2022:
- Ley General de Comunicación Social.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Paquete 2. Publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación:
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Ley General de Partidos Políticos.
- Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación.
- Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral
El Mtro Torres expuso que el Plan B propone tres ejes [1]:
1. Ejercicio de derechos políticos electorales
- Garantiza el voto de personas en prisión preventiva.
- Garantiza el voto de personas con discapacidad en estado de postración.
- Facilita el voto de personas en el extranjero.
- Regula cuotas de inclusión.
- Regula paridad en gubernaturas.
- Legisladores que busquen reelección deberán separarse de su cargo.
2. Sistema Nacional Electoral
- Rediseña la estructura de las autoridades electorales nacionales y locales.
- Desaparece la sala regional especializada.
- Acota facultad de interpretación y sanción de las autoridades electorales.
- Desaparece el PREP (programa que provee los resultados preliminares de las elecciones).
- Modifica el calendario electoral, por lo cual el proceso electoral federal iniciará en noviembre y no en septiembre como marca la ley actualmente.
3. Justicia electoral
- Se rediseña el sistema de medios de impugnación, ahora solo serán cuatro.
- Rediseña los procedimientos de queja y sanciones, prevalece el PES y crea uno nuevo para la fiscalización y remoción de consejerías.
- Juicio en línea.
- Suplencia de queja en todos los medios de impugnación.
Ahora bien ¿cuáles son las implicaciones del Plan B? [2]:
- Los datos personales se ponen en riesgo, así como la actualización del padrón electoral. Esto debido a que la reforma plantea que los módulos del INE se encuentren en oficinas de gobierno, y esto abre la posibilidad de vulnerar los datos personales. Además, obstaculiza el trabajo de los funcionarios para actualizar el padrón electoral.
- Desaparece el servicio profesional electoral. Este servicio se encarga de organizar lo necesario en los lugares donde se instalan casillas.
- La capacitación de los funcionarios de casilla se verá afectada. Se reduce de nueve a seis meses el periodo de preparación y organización de las elecciones.
- Lo anterior merma la capacidad operativa del INE para organizar elecciones con certeza y calidad. Con esto, la eficacia del Instituto para integrar e instalar más de 160 mil casillas durante las elecciones federales se vería afectada. Por ejemplo, si en un distrito no se instala el 20% de las casillas, la elección puede anularse.
- Se restringe la capacidad de sancionar y regular que poseen las autoridades electorales, lo cual generará impunidad y elecciones desiguales.
- Se expande la capacidad de propaganda de los servidores públicos. En lo referente a las declaraciones de los servidores públicos, incluidas las del presidente, pueden hacerse durante las campañas (cuando antes no se permitían pues hacer este tipo de declaraciones puede influir el voto de las personas).
- El Plan B elimina la sanción relativa a la pérdida de registro como persona precandidata o candidata. Esto en el caso de que los involucrados no presenten informes de gastos. De igual forma, tampoco podría aplicarse la nulidad de elección en caso de que se rebasen los topes de gastos de campaña.
Con todo lo anterior, comenta el Mtro. Torres, es necesario preguntarnos ¿cómo podemos entonces defender la democracia?
Antes que nada, hay que saber que el 2 de febrero del presente año el mismo INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del primer paquete de la reforma electoral (del Plan B). El Instituto señaló que la razón de presentar este recurso es que las reformas propuestas en este paquete “crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata” [3].
Posteriormente, el 9 de marzo el INE presentó una segunda controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del segundo paquete del Plan B, las cuales modifican de forma importante la operación del INE. Entre sus argumentos el INE señala que está defendiendo su autonomía, y también el Estado democrático establecido en la Constitución, pues existen varias violaciones en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales [4].
El Mtro. Torres señaló que la Constitución, en el artículo 105, prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales. Por esta razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá emitir una resolución antes de junio de este año en relación con el proceso electoral de 2024 que, de acuerdo con la legislación vigente, inicia formalmente el 1.º de septiembre de 2023. Para que el Plan B sea inválido, se requiere que una mayoría calificada del pleno de la Corte vote en ese sentido. Esto es, dos terceras partes de los ministros, lo que equivale a cuatro de ellos.
En el siguiente blog te presentaremos otros puntos importantes de la ponencia del Mtro. Torres, en relación con los posibles escenarios que pueden ocurrir respecto al plan B y el panorama electoral que se vislumbra para el 2024.
ConParticipación
Fuentes:
[1] Información obtenida de la presentación del Mtro. Guillermo Torres en su ponencia “Situación de la reforma del INE y escenarios para la elección presidencial 2024”, presentada en la Mesa de Tesis del 18 de marzo de 2023, evento organizado por la Arquidiócesis de Monterrey.
[2] Ibíd.
