El estado de Texas fue autorizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos para implementar una nueva ley que otorga a la policía local la capacidad de arrestar a inmigrantes, mientras continúa el litigio de esta legislación en las cortes inferiores. La ley en referencia, que ha generado gran polémica, establece penas legales para ellos y faculta a los jueces estatales para ordenar la deportación de individuos a México. Esta resolución fue adoptada por una mayoría conservadora en el tribunal, con tres jueces liberales en desacuerdo [1].
Este conflicto refleja la confrontación entre la administración de Biden y el estado de Texas en relación con la implementación sobre las leyes de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. Un juez federal había bloqueado la ley después de que el gobierno de Biden presentara una demanda. Posteriormente, el 4 de marzo, el juez Samuel Alito congeló temporalmente la ley para dar tiempo de que la Corte Suprema considerara la solicitud del gobierno federal, sin embargo, la decisión del alto tribunal fue la de permitir la ley [2].
Ante las leyes de inmigración propuestas por Texas, se debe velar en primer lugar por la dignidad humana de los migrantes, por encima de intereses electorales o partidistas. Lo mismo debería suceder en el caso de México al abordar este tema.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibíd.
