El domingo 17 de abril la cámara de diputados en San Lázaro desechó por primera vez en lo que va del mandato presidencial una iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo. Esta iniciativa pretendía reformar la constitución para concentrar el mercado eléctrico para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) [1], con lo cual, se debilitaría al sector privado y se afectarían las políticas públicas en materia ambiental [2].
La reforma eléctrica afectaba también la inversión extranjera de empresas paraestatales especialmente de Estados Unidos y Canadá, esto gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Es por ello que la oposición se juntó en un solo bloque contra la mayoría legislativa en el Congreso Federal para así frenar la iniciativa, con lo cual no se alcanzaron las dos terceras partes del Congreso que se necesitaban para la mayoría calificada [3].
Un día después de la sesión el presidente de la república expresó su descontento con los diputados que votaron en contra de su reforma.
Este acontecimiento es una buena noticia para México porque se demostró que existe un contrapeso en el Congreso de la Unión para los temas que beneficien a los mexicanos y al país. Es además un buen paso para la democracia en México, pues se respetó la división de poderes y se contribuyó a crear confianza en el estado de derecho.
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