El derecho a la vida de los hijos antes de nacer se ha puesto en discusión en muchas ocasiones en la república mexicana. Hoy por hoy, ya son siete los estados en donde el aborto se despenalizó: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Baja California (2021), Colima (2021) y el 8 de marzo, Sinaloa (2022). Y la lucha continúa ya que por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de septiembre de 2021, en el cual declaró inconstitucional que el aborto sea penalizado, varios estados usan ese argumento para intentar despenalizar el aborto. Pero sabemos que el inicio de la vida humana no depende de la decisión de un tribunal. El derecho a la vida es el primer derecho humano fundamental. Los tribunales deben reconocerlo y proteger la vida humana, que inicia en la fecundación, hecho sustentado por la ciencia.
En abril del 2007 se reformó el Código Penal del Distrito Federal para imponer la despenalización del aborto en la Ciudad de México. El aborto se llamó “Interrupción Legal del Embarazo” (ILE). 15 años han pasado ya. ¿Qué ha sucedido desde entonces? El Dr. Cándido Pérez, coordinador del área de investigación en Early Institute expone que “ha sido un fracaso en política pública” ya que no ha impactado en la disminución de la mortalidad materna ni tampoco en sus prácticas clandestinas [1].
El tema del aborto es una plataforma que se usa para la promoción e imposición de ideologías contrarias a los derechos humanos. Entre los principales derechos vulnerados a causa del aborto están el derecho a la vida de los no nacidos, el derecho a la vida y a la salud de las mujeres embarazadas, quienes se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad, por mencionar algunos. ¿Y qué decir del derecho a la vida de las mujeres que aún no nacen? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención “Belem Do Para”) [2], establece en su artículo cuarto, inciso a: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida”.
El derecho a la vida es reconocido y garantizado en varios documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, entre otros.
Ahora bien, uno de los argumentos más fuertes utilizados para introducir el aborto en los países, es que previene la mortalidad materna. Pero el aborto no evita estas muertes. Lo que sí reduce la mortalidad es la atención médica para las mujeres embarazadas y sus hijos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), resalta que todas las mujeres requieren acceso y atención médica prenatal, durante el parto y posparto. Subraya que deben ser atendidas por profesionales médicos capacitados, pues de ello depende en gran parte que ante alguna complicación, tanto la madre como el hijo sobrevivan [3].
Sin embargo, podemos observar que los recursos destinados para la atención de la salud de las mujeres embarazadas en México disminuyen, caso contrario a los recursos que se proveen al aborto en las instituciones públicas de salud. El gobierno federal entre el 2020 y 2021, recortó el 66 por ciento de los recursos que se destinarían a los estados en el tema de salud materna y perinatal, por lo que las mujeres en etapa de embarazo, parto y puerperio se vieron afectadas. Fue una decisión lamentable, ya que con la pandemia que sufrimos, se disparó la muerta materna de 32.4 defunciones por cada 100 000 nacimientos en el 2019, a 52.1 en 2021 [4].
Y aunado al hecho de exponer a las mujeres en etapa de embarazo a complicaciones por falta de presupuesto destinado a la salud materna, en México se fomentan aún más muertes de hijos no nacidos al incrementar los recursos destinados para el aborto, de 33.1 millones a 35.9 millones de pesos entre 2020 y 2021. Fueron 23 estados los que recibieron un aumento en el presupuesto para ese fin; los incrementos oscilan entre el 16 y el 202 por ciento [5].
Aún más preocupante, los fondos para programas enfocados a reducir la morbilidad y mortalidad materna también fueron recortados. En el 2019, los estados recibieron del gobierno federal 1 692 millones de pesos. En el 2020, los recursos se redujeron a 1 513 millones, y en el 2021, a 516 millones, es decir, apenas una tercera parte [6].
La Secretaría de Salud presenta Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas, cuya información toma del Sistema de Notificación de Casos Semanales o de algún Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica según corresponda. Estas publicaciones están a cargo de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles [7].
En el reporte de la semana 15 del 2022 (que es la última publicada), se observan los datos de las causas de muerte materna y la Razón de Muerte Materna (RMM) [8]:
Es importante saber que la Razón de Mortalidad Materna (RMM) mide el número de muertes por cada 100 000 nacimientos estimados. En la tabla observamos que en el mes de abril de 2022, en nuestro país, había 34.1 muertes maternas por cada 100 000 nacimientos estimados.
En otras palabras, podríamos decir que de 100 000 nacimientos estimados, el 99.965% es seguro y sin complicaciones. Es decir, que de aproximadamente 100 000 mujeres embarazadas, se dan 99 964 nacimientos que son seguros, lo que significa que para una mujer y su bebé, dar a luz es 99.965% seguro. Es falso el argumento de que el aborto ayuda a salvar la vida de miles de mujeres que morirían al dar al luz, en realidad es bastante seguro el alumbramiento. Y en cambio el aborto es siempre mortal para el hijo además de poner en riesgo a la madre.
La OMS trabaja junto con otras entidades en una estrategia a nivel mundial para acabar con la mortalidad materna con propuestas como [9]:
● Lograr que la mayor cantidad de mujeres tengan al alcance calidad en los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y que tengan acceso a ellos;
● que haya cobertura sanitaria universal para una atención integral a la salud reproductiva, materna y neonatal;
● que se atiendan todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad reproductiva y materna, y de discapacidades relacionadas;
● reforzar los sistemas de salud para tener información de alta calidad a fin de que respondan a las verdaderas necesidades y prioridades de las mujeres y niñas; y
● asegurar la rendición de cuentas para mejorar la calidad de la atención y la equidad.
Early Institute, en su publicación “Aborto. La política de un Estado claudicante”, señala que en México continúa el debate sobre la despenalización del aborto como una medida “eficaz” para la disminución de la mortalidad materna. Sin embargo, desde la perspectiva de esta misma organización, en realidad hay diferentes variables que pueden influir para que haya una menor o mayor mortalidad materna. Para empezar, en cuanto a la medición o las estadísticas de muertes por aborto, Early Institute señala que muchas veces no se distingue entre aborto inducido o aborto espontáneo. Expone también que hay informes que dicen que las legislaciones más restrictivas en el tema del aborto tienen niveles más altos de mortalidad materna, pero por otro lado, otros reportes señalan que “existe una asociación positiva entre los niveles de desarrollo y la disponibilidad y calidad de los servicios de salud materna con la razón de la RMM” [10]. Con esto se implica que a mayor nivel de desarrollo en un país, existe mejor atención a la salud materna y por tanto, menor mortalidad materna. Por otro lado, también se reconoce que los países en desarrollo tienden a tener sistemas de salud más débiles, lo cual, inferimos, puede ocasionar que haya un índice mayor de mortalidad materna [11].
Al final lo que concluye Early es que: “Es imprescindible reconocer que existe una relación entre variables, pero muy distinto es afirmar que la despenalización sea una causa para la disminución de la mortalidad materna o que tal medida sea necesaria”. Y para ello expone el caso de Chile, país que tuvo por varios años una legislación restrictiva respecto al aborto, y por lo menos de 1990 a 2015 la RMM disminuyó. La RMM en esos años fue mucho menor al promedio de Latinoamérica; durante 2015 se situó en 25 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos, y este dato, de acuerdo con Early Institute, es comparable al que muestran países desarrollados. Del caso de Chile, y también del de Irlanda (que de forma similar a Chile, tuvo por años leyes que protegían a los hijos del riesgo del aborto), concluye esta misma organización, que: “No se encuentran evidencias de que la despenalización del aborto pueda tener algún efecto significativo sobre la disminución de la mortalidad materna” y que “los países pueden alcanzar bajos niveles de RMM y tener esquemas restrictivos al aborto” [12].
Early Institute también concluye que aunque ha habido una disminución en la mortalidad materna en las últimas décadas en México, esto se debe a que nuestro país ha adquirido compromisos a nivel internacional que se han traducido en políticas públicas y estrategias nacionales y estatales. Sin embargo, nosotros a esto podemos comentar que la situación podría cambiar si el gobierno continúa recortando el presupuesto destinado al cuidado de la salud materna.
Hay mucho por hacer. Continuemos trabajando para que el derecho a la vida sea para todos y que la mujer embarazada no tenga el aborto como primera o única opción, pues esto representa un riesgo grave a su salud, sino que encuentre el apoyo necesario para salir adelante en su embarazo y posteriormente, con su hijo.
ConParticipación
Fuentes:
[2] https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
[3] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
[4] https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/recortan-66-recursos-a-salud-materna-7177558.html
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[8] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717343/MM_2022_SE15.pdf
[9] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
[10] “Aborto, la política de un Estado claudicante”, 2017. Cándido Pérez Hernández, Marcelo Bartolini Esparza, Nicolás Alarcón Loayza, Celia Mizrahi Nedvedovich, Fernando R. Zúñiga Tapia, Diana Ortiz Trujillo, A. Jimena Contreras Díaz.
[11] Ibíd.
[12] Ibíd.
