La Conferencia Episcopal Peruana lamentó la decisión tomada por una junta médica con relación al caso de “Mila”, seudónimo dado a una niña de 11 años que fue violada por su padrastro. La menor solicitó un aborto terapéutico, que en primera instancia le fue negado, pero posteriormente hubo presiones por parte de grupos a favor del aborto y fue entonces que la junta médica aprobó la solicitud [1].
Los obispos peruanos pidieron a los médicos que el país «no abra las puertas a la cultura de la muerte», pues se estaría vulnerando el derecho a la vida del que nacerá, declararon los obispos. Además, subrayaron que en este caso “se ha condenado a muerte a un inocente, se ha expuesto a un daño mayor a la víctima y se ha liberado al delincuente”, debido a que en un juez de primera instancia permitió que el presunto agresor siga el proceso en libertad [2].
Varios organismos pertenecientes a la ONU, Save the Children y CHS Alternativo presionaron al Estado peruano para que la niña cometa el aborto. Ante ello, los obispos hicieron un llamado a las autoridades y trabajadores de salud a reflexionar para que Mila “sea cautelada adecuadamente, se le ayudé a sanar las heridas de la violación, no sea sometida a un aborto y que se persiga con todo el peso de la ley al violador y se eviten nuevos abusos” [3].
En Perú ha ocurrido una tragedia por la que ante el drama de la violación que sufrió una niña, en vez de pensar en su bien y el de su hijo, que también es víctima, los grupos abortistas lucharon por quitarle al vida al hijo inocente y tolerar la liberación del violador. Debe buscarse siempre la justicia para las víctimas de estas tragedias, protegiendo a la madre y al hijo por igual y castigando al violador.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibíd.
[3] Ibíd.
