El régimen del presidente Ortega en Nicaragua ha realizado un constante ataque a la Iglesia Católica en los últimos meses. En agosto cerró siete radiodifusoras que pertenecían a la Iglesia y comenzó una investigación contra el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Además prohibió una peregrinación en la que se llevaría una imagen de la Virgen de Fátima por las calles de la capital. La Iglesia Católica ha sido una de las principales voces que ha señalado al régimen de Ortega por sus múltiples violaciones a los derechos humanos [1].
Desde el pasado 4 de agosto algunas personas, junto con el obispo Álvarez, no habían podido salir de la curia por órdenes del gobierno y posteriormente hubo detenciones. Esto ocurrió después de que el obispo exigiera respeto a la libertad religiosa. Las autoridades señalan que Álvarez está supuestamente bajo una investigación por intentar “organizar grupos violentos” e incitar al “odio”. Lamentablemente son ya varios los actos de represión que el gobierno de Nicaragua ejerce contra quienes se manifiesten en contra del régimen o sean considerados una “amenaza” [2].
Son cada vez más preocupantes las acciones que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua emprende contra la Iglesia Católica de su país. La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, y los gobiernos no deben utilizar el aparato del Estado para silenciar o reprimir a los ciudadanos que tienen el derecho de ejercerla.
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