En el municipio de José Joaquín de Herrera, la comunidad indígena de Ayahualtempa de apenas 600 habitantes, tiene niños armados que se han unido a los vecinos del lugar para crear una policía comunitaria. El objetivo, dicen, es brindar seguridad a su comunidad ante el acecho de grupos de delincuencia organizada que quieren apoderarse de sus tierras y a su vez contar con mano de obra barata para el cultivo de la amapola.
Esta defensa armada surge ante la nula respuesta del gobierno a su repetida solicitud de ayuda. En el 2020, la estrategia de proporcionar armas de juguete a los niños de 7 a 12 años ayudó a que el gobierno de México pusiera foco a su comunidad ante el escándalo internacional que provocó dicha acción. La comunidad demanda que el gobierno “apoye a las viudas, huérfanos y desplazados”. Señalan además que: “Ya basta de delincuencia y discriminación a los pueblos indígenas de México” [1]. En ocasiones es difícil distinguir la realidad o la ficción en estas acciones.
El crimen organizado lucra con la trata de personas, el tráfico de armas y las drogas. Los niños cada vez se ven más involucrados y manipulados para participar en estos crímenes o bien para defenderse de ellos. El Estado debe poner un freno a la delincuencia pensando en el interés superior del menor.
ConParticipación
Fuente:
