Juan Martín Pérez García, director de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que busca contribuir a fortalecer y consolidar la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, afirmó que las 30 carpetas de investigación abiertas en Coahuila sobre abuso o agresión sexual en contra de menores muestran un “patrón de impunidad generado por la propia autoridad educativa porque promueve las formas de actuar” [1].
Pérez García indicó que es incorrecto e ilegal el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en Escuelas de la Secretaría de Educación, y que carga en los directivos de los planteles públicos y privados el proceso de denuncia [2].
Por otro lado, hizo mención del caso de un menor de edad que era estudiante del Colegio Americano de Saltillo, de quien se sospecha sufrió abuso sexual por parte de un profesor de ese colegio [3].
Pérez García expuso que es inconstitucional el texto del primer comunicado emitido: “Es muy grave, el colegio no puede negar el derecho de libertad de expresión a la familia del niño víctima. Se protege el interés de la escuela haciendo un manejo perverso del debido proceso, el debido proceso es obligación de las autoridades e implica reservar la identidad de la persona víctima, implica no filtrar información que afecte el debido proceso de la persona detenida, pero la familia tiene que hablar y los estudiantes tienen que hablar todo lo que necesiten hablar” [4].
Es necesario que se fortalezca la cultura de denuncia y que se genere mayor conciencia en la sociedad acerca de la gravedad de este delito. Además es importante que se mejore el sistema de impartición de justicia y que las leyes se apliquen para brindar mayor protección a los menores. Los niños y adolescentes deben gozar de una infancia libre de violencia.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibíd
