La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señala que, a pesar de que la ley establece los 18 años como edad mínima para casarse, el matrimonio y la unión temprana en niñas y adolescentes indígenas han tenido un incremento reciente. En 2025, el 8% de las mujeres indígenas entre 12 y 17 años se encontraban casadas o en unión libre, una cifra que triplica a la población femenina total en el mismo rango de edad, y que afecta con mayor fuerza a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero [1].
Ante esta situación, la organización enfatiza que estas prácticas vulneran gravemente los derechos de la niñez y subraya la urgencia de actuar: “Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) nos vemos en la necesidad de recordar que la venta de personas –y las niñas lo son: sujetas de derechos, sin discriminación de ningún tipo– constituye una violación a los derechos humanos y un crimen que el Estado mexicano debe investigar y erradicar”. Asimismo, se exige frenar la justificación de estos actos bajo el argumento de usos y costumbres para proteger el bienestar de las menores [2].
Ninguna costumbre o tradición puede estar por encima de la dignidad y los derechos de una niña. Las niñas y adolescentes deben estar estudiando, jugando y creciendo protegidas, nunca obligadas al matrimonio o a uniones tempranas. Esta práctica no es un asunto cultural que deba tolerarse, sino una violación grave que daña profundamente a la infancia indígena. Garantizar su acceso a la educación, frenar el abuso y asegurarles un entorno seguro no es solo responsabilidad de las autoridades, sino un compromiso también de la sociedad para que las menores tengan oportunidad de un futuro mejor.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
