La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que busca eliminar siete organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Las responsabilidades de estos organismos se trasladarán a distintas dependencias del Ejecutivo Federal y al INEGI. Además, se plantean modificaciones a varios artículos de la Constitución para reestructurar las competencias de estos entes, con el fin de evitar duplicidades y reducir costos. Los recursos ahorrados se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, asegurando que se respeten los derechos laborales de los empleados afectados [1].
Este dictamen ha generado opiniones encontradas. Los defensores de la reforma sostienen que mejorará la eficiencia del gobierno y reducirá el gasto público, con lo cual se podrán redirigir fondos a áreas que lo necesitan más. Por otro lado, los críticos advierten sobre el peligro de reducir la transparencia y debilitar los contrapesos institucionales que aseguran la rendición de cuentas. Esta reforma, que proviene de una iniciativa del Ejecutivo Federal, ha sido vista por algunos como un retroceso en la transparencia y el acceso a la información pública [2].
Es preocupante la aprobación del dictamen que elimina los organismos autónomos, pues la existencia de estos es necesaria para generar los contrapesos institucionales, así como asegurar la transparencia en el acceso a la información pública, la evaluación de las políticas sociales y otros temas que deben trascender al partido o grupo en el poder. Estas acciones debilitan el estado de derecho en México.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibíd.
