El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar legalmente la eutanasia, tras un debate parlamentario de diez horas en el que 20 de los 31 legisladores presentes votaron a favor del proyecto “Muerte digna”. La ley permite que adultos psíquicamente aptos con enfermedades incurables o “sufrimiento insoportable” elijan la eutanasia practicada por un profesional de la salud. El 62 % de la población está de acuerdo con esta ley, según encuestas que se realizaron previamente [1].
En el resto de América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la muerte asistida. En el caso de Colombia, la ayuda para morir debe prestarla «un profesional de la medicina» con previa aprobación de un «comité científico-interdisciplinario». En Ecuador se aplica la “eutanasia activa” siempre que un médico acceda al pedido de un paciente que haya tomado “de manera libre” la decisión de terminar con su vida a causa por un padecimiento grave o incurable [2].
En otras regiones del mundo, naciones como España, Bélgica, Países Bajos, Canadá y Suiza han despenalizado de alguna forma la muerte asistida [3].
Recuperar la conciencia de que la vida humana posee una dignidad intrínseca, que no depende de la salud, la productividad, ni del costo que implique sostenerla, es esencial para preservar una cultura verdaderamente humana. No es lo mismo aliviar el dolor que ocasionar la muerte: la medicina está llamada a cuidar, no a decidir quién merece seguir viviendo. Cuando la eutanasia se presenta como un acto de compasión, en realidad se corre el riesgo de normalizar una visión utilitarista de la vida, en la que el sufrimiento o la fragilidad justifican la muerte. Países como Canadá muestran cómo esta lógica puede degenerar en políticas donde se evalúa el valor de las personas según criterios económicos o de conveniencia, debilitando el compromiso social con los más vulnerables.
ConParticipación
Fuentes:
[1] https://www.bbc.com/mundo/articles/c2em7xdp01wo
[2] Ibid.
[3] Ibid.
