Hace un año, se encontraron 386 cuerpos acumulados en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía estatal, hasta ahora 251 cuerpos han sido identificados, de los cuales 247 ya fueron reconocidos y entregados a sus familiares, pero aún faltan 131, mientras cientos de familias continúan esperando respuestas y justicia [1].
Las investigaciones han mostrado que numerosas personas recibieron urnas con materiales distintos a las cenizas de sus familiares, pues los cuerpos nunca fueron cremados. Aunque se han presentado 157 denuncias contra varias funerarias por fraude, los avances judiciales son limitados: el propietario del crematorio permanece prófugo y un trabajador procesado falleció en prisión, sin que hasta el momento existan sanciones contra servidores públicos por las posibles omisiones de supervisión [2].
Las autoridades explican que la identificación de los restos es compleja debido al deterioro de los cuerpos y a las sustancias químicas utilizadas durante el embalsamamiento, por lo que mantienen campañas para obtener muestras genéticas de familiares que permitan confirmar las identidades pendientes. Sin embargo, para quienes aún desconocen el destino de sus seres queridos, la espera prolonga el dolor e impide concluir el proceso de duelo [3].
El abuso y la impunidad llegan a extremos como el de este caso, en el que cientos de fallecidos fueron abandonados, con la consecuente descomposición de sus cuerpos. Estos hechos hablan de un trato indigno de los restos humanos. Mientras tanto, cientos de familias aún esperan poder identificar a sus seres queridos y que les entreguen sus restos. Resulta especialmente grave que un hecho de esta magnitud haya podido ocurrir y que, después de un año, las víctimas y sus familias sigan esperando una justicia plena.
Fuentes:
[2] Ibid.
[3] Ibid.
