Abstract: En 2025, México registró 155 254 divorcios, equivalentes a 31.6 por cada 100 matrimonios. El 66.4% fue incausado y en 43% de los divorcios judiciales había menores de edad. Hacemos un llamado a fortalecer el matrimonio y a acompañar a las familias que atraviesan por crisis.
El Congreso de Jalisco aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, con atención diferenciada a víctimas, coordinación interinstitucional y un sistema de datos para prevenir y erradicar el fenómeno. Celebramos la iniciativa, pero urge que se traduzca en acciones concretas, con mayor involucramiento de los padres y reconociendo las dos dimensiones del reclutamiento: forzado y voluntario.
La desnutrición infantil en México ha disminuido desde 1988, pero los avances se han estancado y persisten brechas importantes, la desnutrición crónica afecta especialmente a niños de hogares indígenas y con menores condiciones de bienestar.
En 2025, 821 menores de entre 10 y 17 años perdieron la vida por suicidio en México, lo que refleja una tasa de 4.6 casos por cada 100 000 habitantes y evidencia los retos persistentes en la protección de la salud mental infantil. Ante esta problemática, es indispensable articular una estrategia integral entre familias, escuelas y autoridades que permita atender factores de riesgo psicosocial como el acoso escolar y la vulnerabilidad digital, fortaleciendo así la detección oportuna de alertas y el acceso a redes de apoyo.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez propuso reformar la Constitución para impedir que los usos y costumbres justifiquen el matrimonio infantil o las uniones forzadas en comunidades indígenas. La iniciativa busca reforzar el interés superior de la niñez y proteger a menores de edad frente a prácticas que vulneran sus derechos. Aunque representa un avance importante, también pone de manifiesto la necesidad de impulsar cambios culturales que fortalezcan la dignidad y protección de mujeres, niñas y niños.
En Tlaxcala, el 10% de los embarazos registrados en niñas de 10 a 14 años es responsabilidad de alguien externo a la familia, y algunas familias obligan a las víctimas a unirse con su agresor. En 2025 se detectaron 53 uniones tempranas de menores en el estado. La solución no es el aborto, sino protección real, denuncia y justicia.
Entre el 1.º de enero de 2018 y el 15 de febrero de 2026 se reportaron 10 383 menores desaparecidos y no localizados. En el año 2018 se documentaron 600 casos; para 2025 la cifra ascendió a 2 236. Es urgente que fortalezcamos la prevención de este delito desde la familia, la escuela y la comunidad; asimismo, que exijamos políticas públicas eficaces para garantizar que cada menor sea reconocido como lo que es: una persona con dignidad inviolable.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó la “Ley Escudo 2.0”, que amplía las protecciones para el aborto y las prácticas de transición de género. La norma impide compartir información médica con otros estados y extiende protecciones profesionales a médicos y personal sanitario. La medida surge en medio de un conflicto con Texas por el envío de píldoras abortivas, cuestionando el principio de que cada estado regule estas materias. La “Ley Escudo 2.0” representa un retroceso al proteger prácticas que terminan con una vida humana y someten a menores a intervenciones permanentes. Al blindar el aborto y evitar consecuencias para quienes realizan transiciones médicas en menores, la ley deja de colocar a la persona y su dignidad en el centro de la protección jurídica.