Se presentó en el Senado una iniciativa para crear en el país un registro público de agresores de abuso sexual infantil, como una medida integral de protección a los menores. Celebramos el avance de estas medidas que permiten un seguimiento a mediano y largo plazo, hacemos un llamado a nutrir la iniciativa con medidas de prevención y educación.
En el “Congreso Mundial sobre Justicia con la Niñez”, organizado en este año por la SCJN, se enfatizó la importancia de trabajar por los derechos de niños, niñas y adolescentes y para que efectivamente sus derechos se pongan en práctica en la vida diaria [1]. Es positivo que el Estado, a través del poder judicial, vele por el interés superior del menor, pero sin olvidar la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos por encima de una intromisión del gobierno.
El Gobierno de México presentó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, por medio del cual se pretende fortalecer a los menores que han perdido a su madre en forma violenta.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU intenta ignorar a los padres de familia y además exponer a los niños a riesgos en el acceso a información en Internet, particularmente en el tema de información relacionada con la sexualidad. Llama la atención que la ONU desprecie el papel de los padres como primeros responsables de sus hijos.
El campamento de migrantes llamado “El Chaparral” en Tijuana, Baja California, tiene alrededor de 200 menores que nacieron en México durante el último año y que no cuentan con registro oficial de su nacimiento. Las políticas y acciones del gobierno deben priorizar la protección de los niños y de sus derechos, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad.