Una nota del 11 de febrero del presente año de Aristegui noticias reportó que México enfrenta una severa crisis forense, con el registro de más de 4 500 fosas clandestinas, en las cuales se han localizado al menos 6 200 cuerpos y 4 600 restos humanos. Según la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, existe una alarmante disparidad entre los datos de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR); mientras las entidades reportaron más de cinco mil sitios de inhumación ilegal entre 2006 y 2024, la federación solo reconoció 630, una fracción mínima. Esta falta de homologación impide conocer la verdadera dimensión del problema, concentrándose la mayor parte de los hallazgos en estados como Jalisco, Sonora y Guanajuato [1].
Además de las fosas clandestinas vinculadas al crimen organizado, el país carece de registros públicos claros y confiables sobre las fosas comunes gestionadas por el propio Estado. Las especialistas advierten que miles de cadáveres sin identificar permanecen bajo resguardo oficial en morgues o panteones públicos sin un control adecuado, lo que agrava la situación de los desaparecidos [2].
Es alarmante la magnitud de la violencia que se vive en México. La dimensión del problema se percibe no solo en la proliferación de fosas clandestinas y comunes, sino en el rezago de los servicios forenses para identificar los cuerpos; una crisis ligada intrínsecamente a la cifra desmedida de personas desaparecidas. Ante un panorama tan grave, surge la duda de si pronto tocaremos fondo. Es imperativo que sociedad y gobierno, en conjunto, pongan freno al flagelo de la violencia que afecta a millones de mexicanos y que ocasiona que miles de familias pierdan a sus seres queridos.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
