El pasado 11 de mayo la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026, descartando la propuesta inicial de adelantar las vacaciones al 5 de junio. Esta decisión se tomó tras una reunión extraordinaria de autoridades educativas para asegurar el cumplimiento de los 185 días de clase efectivos y evitar un mayor rezago educativo. De esta manera, el periodo vacacional de verano iniciará a mediados de julio y se prevé que el regreso a las aulas para el siguiente ciclo sea en la última semana de agosto [1].
La polémica por el posible recorte de clases evidenció una fuerte preocupación por el costo de los cuidados. Al reducirse el calendario escolar, las familias se verían obligadas a realizar gastos imprevistos en cursos de verano (que pueden costar hasta 14 000 pesos) o en el pago de cuidadores externos, ya que muchas no cuentan con redes de apoyo como los abuelos. Además, los padres señalaron que, a pesar de la ausencia de clases, muchas escuelas privadas seguirán cobrando las colegiaturas completas, lo que representaría un doble golpe al bolsillo en un año donde el gasto vacacional ya ha aumentado significativamente [2].
Más allá de que hayan dado marcha atrás, es difícil no sospechar que estas idas y venidas responden a una estrategia de imagen para mitigar las críticas antes del Mundial. Con los niños no se juega. Esto contraviene el interés superior del menor y resta seriedad a la política educativa. Al final, la falta de una planeación institucional firme no solo vulnera el derecho a la educación, sino que traslada la incertidumbre y el costo de la improvisación directamente a los hogares mexicanos.
ConParticipación
Fuentes:
