Según el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas participen en acciones de seguridad pública hasta marzo de 2028, tiene como objetivo acabar con los negocios que al parecer se realizan bajo el pretexto de acabar con la inseguridad. Lo anterior fue expuesto por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el pasado 25 de octubre ante legisladores del Congreso del Estado de Michoacán [1].
Augusto indicó que con la reforma se establece una rendición de cuentas, y que existe un cronograma por el cual se impone que estados y municipios, así como el gobierno federal, se comprometan a informar sobre este tema [2].
Ante la grave crisis de inseguridad provocada por el crimen organizado, se puede entender que en algunas circunstancias las fuerzas civiles de seguridad pública requieran el apoyo de las fuerzas armadas por el armamento empleado por los criminales. No obstante, eso no puede ser excusa para militarizar la seguridad civil. Además de que dicha militarización es inconstitucional, levanta dudas acerca de las consecuencias que podría tener para la solidez del estado de derecho y la democracia.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibíd.
