La administración del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés), ha lanzado una política digital de diez años con el objetivo de expandir el acceso al internet, así como promover la democracia y los derechos humanos —conceptos que se han sido manipulados según intereses particulares de ese gobierno— en todo el mundo. La política busca ponerse a la altura de China y Rusia, en cuanto a tecnología de la información, y duplicar el presupuesto de USAID para este fin. También busca movilizar recursos privados para fomentar la inversión en tecnología digital. Sin embargo, su enfoque incluye herramientas de control social, como la censura y la moderación de contenidos que influyen en los discursos políticos de otros países bajo el marco de “ecosistemas de información saludables” [1].
Además, la Política Digital promueve estándares internacionales que incluyen políticas transgénero y la lucha contra las creencias tradicionales sobre el matrimonio y la familia por ser vistas como “campañas de manipulación”. Aunque se declara en favor de la libertad de expresión, el concepto de “integridad de la información” es ambiguo, y abarca censura y control de contenidos. También se destacan iniciativas de identificación digital, como la implementada en Ucrania, que ha sido vista como una posible herramienta de vigilancia estatal [2].
La política digital impulsada por la USAID bajo la bandera de “libertad de expresión”, termina siendo una herramienta de control y vigilancia no solamente para otros gobiernos, sino para los propios ciudadanos. Es preocupante la implementación de estas políticas pues impactan directamente en la difusión de una cultura que no valora la diversidad de pensamiento y opiniones.
ConParticipación
Fuentes:
[1] https://c-fam.org/friday_fax/new-usaid-policy-expands-digital-censorship/
[2] Ibíd.
