Alrededor de 70 personas privadas de su libertad procedentes de los centros penitenciarios de Apodaca 1 y 2 y Cadereyta del estado de Nuevo León, fueron trasladadas a penales federales en el Altiplano Central, Guanajuato, Oaxaca y Tepic. El objetivo de la movilización era el de erradicar la violencia al interior de los centros penitenciarios. El resultado de esta acción fue que se logró desmantelar una red de extorsión que operaba dentro de las instalaciones [1].
La Secretaría de Seguridad de Nuevo León comunicó que con este tipo de acciones asegura la paz y orden público en el estado y garantiza que la delincuencia no siga afectando a Nuevo León, ni dentro ni fuera de los centros penitenciarios [2].
Ante la percepción de inseguridad que se da en amplias zonas del país se requiere que las autoridades sigan poniendo medios para prevenir los delitos. Acciones como esta pueden ayudar a reducir el impacto del crimen organizado en la sociedad.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibíd.
