El 4 de diciembre el Senado aprobó la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales con 85 votos a favor y 36 en contra, en un contexto de sequías y conflictos por concesiones. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca regular el derecho humano al acceso del agua y priorizar el consumo doméstico. Sus defensores —legisladores de Morena y aliados—, afirman que elimina la visión mercantilista del recurso, devuelve el control al Estado y crea un equilibrio entre tierra, agua y personas. Además, establece que las concesiones para el uso del agua no podrán intercambiarse entre particulares y que sólo Conagua podrá redistribuirlas [1]. 

Sin embargo, la oposición advierte riesgos de centralización y discrecionalidad. Senadores del PAN, PRI y MC señalaron que la ley podría convertir el agua en un instrumento político al permitir al gobierno decidir quién conserva o pierde su concesión, y que la ley se realizó sin estudios económicos, presupuestales ni consultas a pueblos originarios. También alertan que la reforma aumenta trámites, crea incertidumbre para productores, implica riesgos de corrupción y desincentiva la inversión y tecnificación en el campo. La aprobación se dio tras debates intensos en ambas cámaras, lo que refleja la tensión entre garantizar el derecho al agua y las preocupaciones por el alcance del control gubernamental [2].

El acceso al agua es fundamental para la vida del país, tan esencial como la energía y otros ámbitos en los que el gobierno ha intervenido en los últimos años. Si bien es cierto que existían problemas graves que atender, preocupa que, bajo el argumento de “corregir abusos”, el gobierno adopte una postura de control casi total, con amplios márgenes de discrecionalidad y poca transparencia, lo cual podría abrir la puerta a nuevos abusos. En este, como en cualquier otro tema, es indispensable que el Estado actúe pensando en los derechos de los ciudadanos y no en incrementar su poder sobre áreas críticas para la vida nacional. La gestión del agua debe fortalecer la participación social, la rendición de cuentas y la protección del interés público.

Fuentes:

[1] https://forbes.com.mx/senado-aprueba-la-ley-de-aguas-y-reforma-la-ley-de-aguas-nacionales/

[2] Ibid.