La doctora en Derecho Patricia Olamendi Torres advirtió el pasado 4 de septiembre, durante la IV Conferencia de la Declaración de Casablanca México 2026, realizada en la Universidad Panamericana, que México se ha convertido en un destino de bajo costo para la maternidad subrogada. La especialista sostuvo que esta práctica representa una forma de explotación reproductiva que debería ser abolida mundialmente [1].
Olamendi señaló que actualmente Tabasco y Sinaloa cuentan con legislaciones que permiten procedimientos de maternidad subrogada, mientras que en entidades como Estado de México y Jalisco se han realizado contratos de este tipo aun sin contar con una regulación específica. También cuestionó que existan seis sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hayan abordado el tema pero que se hayan concentrado principalmente en la validez de los contratos privados, sin colocar en el centro los derechos de las mujeres y de los niños involucrados [2].
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el consentimiento de las mujeres que participan en estos procedimientos. La especialista señaló que las condiciones económicas pueden dificultar determinar si existe realmente una decisión libre, especialmente cuando se desarrolla una actividad en la que participan agencias y hospitales privados que reciben parte importante de los recursos generados, y la mujer gestante recibe solamente una fracción del dinero (aproximadamente el 10% de lo pactado en el contrato). Ante esta situación, Olamendi propuso modificar la legislación mexicana para reconocer la explotación reproductiva como una modalidad específica de trata de personas [3].
La maternidad subrogada es una práctica que, en apariencia, beneficia a las partes involucradas: a quienes desean tener un hijo y a la mujer que lo gesta con un pago de por medio. Pero la realidad es que la maternidad subrogada ve a la mujer como un objeto que se puede usar a voluntad para conseguir un fin, es verdaderamente una forma de explotación. Además, considera al hijo como un objeto al que los demás tienen derecho, como si fuera una cosa que se puede comprar. Por todo esto es una práctica que viola gravemente la dignidad de la mujer y del hijo. No todo lo que es técnicamente viable es ético.
ConParticipación
Fuentes:
[3] Ibid.
