El 14 de agosto de 2025 la senadora Lilly Téllez presentó en el Senado de la República, en Ciudad de México, una iniciativa para reformar el artículo 4.° Constitucional con el fin de establecer que los términos “hombre” y “mujer” se definan conforme al sexo biológico al nacer. La propuesta busca preservar espacios exclusivos para mujeres, como sanitarios, cárceles, refugios o competencias deportivas, con el objetivo de garantizar su seguridad, privacidad e integridad. Esta iniciativa surge tras la falta de una definición clara que ha generado vacíos legales. El proyecto se fundamenta en precedentes internacionales, como una resolución de la Corte Suprema del Reino Unido —que determinó que los términos “hombre” y “mujer” en la Ley de Igualdad deben entenderse conforme al sexo biológico— y las restricciones de federaciones deportivas en la participación de mujeres trans en competencias femeninas. Asimismo, plantea que el Congreso federal y los gobiernos locales adapten su legislación a esta definición [1].
La iniciativa también incluye medidas de inclusión, como la creación de espacios sanitarios neutros o mixtos para personas trans, con base en tratados internacionales que reconocen derechos a la intimidad, la salud y el acceso al saneamiento. El contexto inmediato de la propuesta se vincula al caso reciente en la estación Merced del metro de la Ciudad de México, donde una policía fue sancionada tras impedir a una persona trans viajar en el vagón exclusivo para mujeres. El hecho generó debate público, pues mientras autoridades señalaron que la agente recibiría un correctivo y capacitación en equidad de género, usuarios en redes sociales defendieron que la oficial actuó conforme a su deber y en resguardo de la seguridad de las pasajeras [2].
Es importante que exista certeza y apego a la realidad en las definiciones jurídicas relacionadas con los hombres y las mujeres, ya que de ello depende la claridad con la que se garantizan los derechos y se diseñan políticas públicas efectivas. La iniciativa de la senadora busca brindar ese marco objetivo al establecer el sexo biológico como criterio jurídico, lo que permitiría proteger de manera adecuada los espacios exclusivos para mujeres. Con ello, se logra salvaguardar la seguridad, privacidad e integridad de las mujeres, y al mismo tiempo, garantizar la dignidad y el acceso a servicios de quienes, siendo hombres biológicos, se perciben como mujeres.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
