El miércoles 28 de octubre el Senado discutió y votó el paquete económico de ingresos para 2026, que incluye modificaciones al Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos. Los dictámenes de las minutas —excepto el de la Ley de Ingresos, que fue aprobado en el pleno al día siguiente—, que se aprobaron en comisiones por la mañana, fueron avalados en el pleno, con dispensa de trámites y al final fueron turnados al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las reformas fueron aprobadas previamente en la Cámara de Diputados con el voto en contra de los partidos PAN, PRI y MC. El paso siguiente es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) [1].
La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 contempla recursos por 10.19 billones de pesos, un aumento nominal de 891 667 millones y un incremento real de 5.9% respecto a 2025. Además del incremento de recursos que se plantea, el documento destaca el compromiso con finanzas públicas prudentes, austeridad y rendición de cuentas, además, “privilegia la eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión y el uso racional del gasto, lo que fortalece la estabilidad macroeconómica”. Según la ley, el Senado debe aprobar la LIF a más tardar el 31 de octubre [2].
La aprobación de la Ley de Ingresos 2026 refleja un crecimiento sostenido del gasto gubernamental que apunta a profundizar el desbalance de las finanzas públicas. El gasto casi se ha incrementado a un ritmo insostenible que presiona la recaudación y se traduce en mayores cargas fiscales para los ciudadanos. Aunque el gobierno insiste en principios de austeridad y disciplina, la realidad es que cada actualización a la Ley de Ingresos impacta con más fuerza el bolsillo del mexicano de a pie, ya sea mediante impuestos indirectos, o bien, cuotas o ajustes que elevan el costo de la vida diaria.
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