El 22 de junio una nota del periódico El País reportó que la reciente elección judicial en México ha generado gran controversia, ya que al menos 13 candidatos ganadores tienen antecedentes penales, acusaciones graves o vínculos con el crimen organizado y están a punto de asumir cargos como jueces o magistrados. Entre los casos más alarmantes se encuentran un abogado acusado de encubrir redes de trata, otro que ganó desde prisión y tiene cargos por abuso sexual infantil, y una exabogada de «El Chapo» Guzmán. Todos ellos ya tienen constancias de mayoría o están en proceso de recibirlas. El INE y el Tribunal Electoral son los últimos filtros para frenar su llegada al Poder Judicial [1].
Los ganadores en cuestión tienen antecedentes variados, que van desde tortura, fraude, acoso, fabricación de pruebas, hasta trata de personas. Asimismo hay varios perfiles vinculados con un grupo religioso cuyo líder está preso en Estados Unidos por abuso infantil. Esto ha desatado fuertes críticas de ciudadanos y organizaciones. A esto se suma una lista de aspirantes que no cumplen con requisitos académicos mínimos, lo que pone en duda la idoneidad del proceso. El INE se encuentra revisando los casos para confirmar que se cumplen con los requisitos de elegibilidad [2].
Es lamentable observar que haya perfiles ganadores en el Poder Judicial que evidentemente ponen en riesgo la impartición de justicia. Esto refleja que es muy delicado elegir jueces y magistrados a través de mecanismos vulnerables a la intromisión de grupos de interés que pueden interferir para que ciertos perfiles administren la justicia en el país. Además, en la prensa extranjera se hace eco de los riesgos que trae la reforma al Poder Judicial, desde el exterior parece que en vez de acabar con la corrupción, se van a crear nuevas formas de esta.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibíd.
