El Arzobispo de Guadalajara, don José Francisco Robles Ortega, denunció que tanto la población como los sacerdotes viven con miedo y evitan denunciar las actividades de grupos delictivos por temor a represalia, por miedo a que se haga daño a algún familiar, y por la falta de protección de las autoridades. Señaló que, en muchas comunidades, los jefes de plaza —que pertenecen al crimen organizado— tienen más control que los gobiernos locales, al punto de decidir aspectos de las fiestas patronales, lo que evidencia la ausencia de un verdadero estado de derecho. Además, expresó su apoyo a la prohibición de los narcocorridos, pero subrayó que es necesario ir más allá, a través de la educación y la promoción de mensajes de paz desde todas las instituciones, incluida la Iglesia [1].
El comunicado del cardenal Robles refleja la frustración que viven miles de personas en comunidades en donde el crimen organizado tiene más control que las mismas autoridades. Construir un estado de derecho sólido en donde nadie esté por encima de la ley es esencial para tener una nación segura y próspera.
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