La organización IPAS México, que se dedica a expandir el acceso al aborto, reprochó que los legisladores del Estado de México no aprobaran la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Asimismo, manifestaron que, por lo anterior, las mujeres se verán obligadas “a recurrir a métodos de aborto ilegales, muchas veces arriesgando su vida y su salud” [1]. Sin embargo, esta presión que ejerce IPAS no considera que la mujer que comete un aborto, independientemente de que sea legal o ilegal, es sometida un grave riesgo en su salud y en su vida.
Como se observa, las empresas dedicadas al negocio del aborto utilizan a las organizaciones sociales y manipulan las cifras para presionar a los diputados y buscar que les permitan comercializar la práctica del aborto. No se puede comerciar con un negocio de muerte que elimina la vida del hijo en gestación y pone en riesgo la salud y la vida de la mujer, sin importar que las circunstancias sean legales o ilegales.
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