El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha iniciado una investigación contra varios de los ex colaboradores del ex Ministro Arturo Zaldívar, en respuesta a una denuncia anónima que acusa a todas estas personas de una serie de delitos e irregularidades administrativas, incluyendo la falta de independencia judicial, violencia sexual, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Aunque la denuncia menciona directamente al ex ministro Zaldívar, el CJF carece de autoridad para investigar y sancionar a un ex presidente de la Suprema Corte, por lo que la indagatoria se centra en sus principales colaboradores durante su mandato entre 2019 y 2022. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del CJF es la encargada de recabar pruebas al respecto y la que emitió el acuerdo de investigación, con la cual se busca determinar si se cometieron actos que podrían constituir una responsabilidad administrativa [1].
El ex ministro calificó esta acción como una «cacería de brujas» y una «venganza» por parte de la ministra Norma Lucía Piña, insinuando motivaciones políticas detrás de estas acciones. Zaldívar denuncia que esta investigación es inédita y sugiere “preocupación en la oficina de la Ministra Piña por el resultado de la próxima elección”, lo que interpreta como una estrategia para desprestigiar y socavar su figura pública [2].
Este caso nos permite ver la importancia de contar con los medios para recuperar la confianza en el sistema de justicia. Ello implica que haya transparencia y apego a la ley, sin sesgos políticos partidistas.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibíd.
