El pasado 17 de junio, la Cámara de los Comunes de Reino Unido aprobó una enmienda —con 379 votos a favor y 317 en contra— a un proyecto de ley más amplio en materia de delincuencia que impediría que las mujeres sean castigadas penalmente por cometer aborto. Esta iniciativa surgió con el pretexto de que la ley que está vigente es “anticuada” y de casos de mujeres que han cometido aborto fuera del plazo establecido por la ley [1].
Las leyes sobre el aborto el Reino Unido han ido cambiando, aunque todavía es considerado un delito salvo en determinados supuestos. Por la Ley de Aborto de 1967 se permitó esta práctica en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, como el riesgo para la vida de la madre, su salud física o mental, o graves anomalías físicas o mentales del feto. Dos médicos deben ratificar que se puede cometer el aborto de forma “legal” y que se realiza en un centro autorizado. El plazo es de 24 semanas, pero se puede ampliar en casos extremos. Para el caso de la “píldora del día después”, el límite es de diez semanas. Todo esto se mantiene aún con la enmienda; aún es requisito la firma de dos médicos y cualquier circunstancia fuera de la legalidad ocasionaría que el personal de salud que participe en el aborto, o terceras personas, sean perseguidas penalmente [2]. Lo que cambia con la enmienda es que las mujeres podrán cometer aborto después de las 24 semanas pero no serán investigadas por la policía [3].
El siguiente paso es que la Cámara de los Comunes apruebe el proyecto de ley contra la delincuencia, para que posteriormente pase a la Cámara de los Lores, donde puede ser retrasado pero no bloqueado [4].
Llama la atención que se considere un logro importante eliminar la vida de seres humanos en gestación incluso hasta el final del embarazo. Lamentablemente se pasa por alto el primer y más fundamental derecho, que es el derecho a la vida. El que un hijo en gestación no pueda defenderse por sí mismo, no lo excluye de ese derecho, del cual debe gozar por el simple hecho de ser persona. La lógica del aborto consiste en excluir a quien no puede defenderse —al hijo en gestación— y confrontarlo con la madre, quien se expone a un procedimiento que la daña, y que además, termina con la vida de su hijo.
ConParticipación
Fuentes:
[4] Ibid.
