Durante los primeros días de mayo los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, ambos de Morena, solicitaron al INE la cancelación de la candidatura de 26 aspirantes al Poder Judicial. Lo anterior debido a que 18 de ellos no cumplen con el requisito de gozar de una buena reputación debido a que tienen ya sea señalamientos de abuso sexual, lesiones, otros delitos, o bien, han sido abogados de algún miembro del crimen organizado. Los otros 8 no cumplen con el promedio general de calificación que se exige para estas candidaturas [1].
Ante la advertencia de organizaciones sociales sobre los candidatos relacionados con el crimen organizado, sancionados por abuso sexual, o que están involucrados con alguna secta político-religiosa, el Congreso tomó la decisión de hacer una nueva revisión con la cual identificó estos 26 casos que no son idóneos para ser parte del Poder Judicial [2].
El hecho de descubrir candidatos no idóneos aumenta la duda de que elegir los puestos del Poder Judicial sea la manera adecuada de contar con uno independiente y confiable. Además nos resulta preocupante que ante la cercanía del proceso se estén haciendo depuraciones de candidatos que no cumplen con los requisitos legales, incluso habiendo revisado el Poder Legislativo el listado de candidatos. Esto nos habla de una deficiencia importante en el proceso electoral, que los ciudadanos tenemos la obligación de señalar que se corrija.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
