El pasado 23 de junio, la Cámara de Diputados comunicó a través de su boletín lo referente a la aprobación general y particular de un dictamen que reforma varias disposiciones de las leyes General de Contabilidad Gubernamental, General de Desarrollo Social y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con lo anterior, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) queda extinto y se transfieren sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [1].
Con dicha acción, se pretende que los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación de la política de Desarrollo Social sean más eficaces. El INEGI realizará, entre otras funciones, la actualización de los criterios técnicos y lineamientos para:
- la definición, identificación y medición de la pobreza y
- establecer metodologías de evaluación integral de la política de Desarrollo Social [2].
El dictamen, el cual fue remitido al Senado para efectos constitucionales, expresa que el INEGI se regirá por los principios de independencia, objetividad, rigor técnico y transparencia [3].
Recordemos que el CONEVAL mediante sus indicadores, análisis y evaluaciones, llevaba a cabo la rendición de cuentas y transparencia de las acciones del gobierno en lo referente al desarrollo social. Estas acciones las deberá realizar ahora el INEGI. El tema es que la desaparición de instituciones no ha traído el resultado esperado o publicado en muchos de los casos: ni en ahorro, ni en eficiencia, ni en combate a la corrupción. Aparentemente es una simplificación administrativa pero en el fondo existe desconfianza de que sea una etapa con la que el gobierno se evalúe a sí mismo en los temas sociales sin permitir que haya una observación objetiva. Es necesario que como sociedad estemos atentos para asegurar que el INEGI sea neutral, objetivo y realmente autónomo.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
[3] Ibid.
