En Estados Unidos ya son veinte los estados que se unen con el fin de presentar un escrito legal ante un tribunal federal para evitar que los fondos del llamado “Título X” se usen para practicar abortos, lo anterior en respuesta a una nueva regla emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) [1].
El programa brinda servicios de planificación familiar a personas de bajos recursos pero no permitía que se usaran sus fondos en donde el aborto fuera un método de planificación familiar. Durante la administración de Trump se implementaron reglas que establecían que los participantes del programa (como la empresa abortista Planned Parenthood) hicieran sus negocios de aborto separados física y financieramente del programa. Sin embargo, en octubre de este año el HHS cambió esta regla y ahora las empresas u organizaciones participantes ya no tienen que separar su trabajo de realización de abortos de los otros servicios que prestan bajo el programa [2].
“Una orden judicial preliminar evitaría que el dinero de los impuestos federales se utilice para alentar y apoyar el aborto, y proteger los derechos de conciencia de los proveedores de planificación familiar que se niegan a desempeñar un papel en el aborto”, señaló en un comunicado la oficina de Austin Knudsen, Fiscal General de Montana quien está apoyando a los estados que están en contra de esta nueva regla.
La protección ante la ley de la vida humana antes de nacer está avanzando cada vez más en Estados Unidos. La acción legal que están emprendiendo estos veinte estados es una muestra de ello. Además, va contra la democracia el que un gobierno imponga una regla que permita usar el dinero de los contribuyentes en abortos, asumiendo que el cien por ciento de ellos estaría de acuerdo en aplicarlo de esa manera.
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