Como sabes, hace unas semanas Alison González, gerente de operaciones de ConParticipación y coordinadora nacional de Un Día Por Todas, estuvo en la CSW70, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU.  Alison participó en diversos espacios de diálogo que pusieron en el centro una realidad ineludible: la importancia de escuchar a las víctimas como punto de partida para la construcción de leyes y políticas públicas más justas.

Durante estos encuentros, se presentaron testimonios de alto impacto que evidencian tanto la gravedad de distintas formas de violencia como las limitaciones de los sistemas actuales para prevenirlas, atenderlas y sancionarlas de manera integral.

El testimonio de Olimpia Coral Melo permitió visibilizar la violencia digital como una forma de agresión que, durante años, permaneció fuera del reconocimiento legal. A partir de su experiencia, se impulsó la creación de un marco normativo que hoy protege la intimidad y dignidad de las personas en entornos digitales, abriendo el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de estas conductas.

La llamada Ley Olimpia consiste en un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los códigos penales de las entidades federativas, mediante las cuales se reconoce y sanciona la violencia digital, especialmente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. A nivel federal, estas reformas fueron aprobadas en 2021, consolidando un esfuerzo que comenzó a nivel estatal desde 2018. Este marco legal ha sido considerado un precedente internacional, al colocar a México como uno de los primeros países en tipificar de manera específica este tipo de violencia, sirviendo como referencia para iniciativas similares en otros países [1].

Por su parte, María Elena Ríos evidenció la urgencia de atender con mayor profundidad las agresiones con sustancias corrosivas. Su caso ha sido fundamental para impulsar una legislación que no solo sancione este tipo de violencia, sino que también contemple mecanismos de atención integral, incluyendo servicios de salud, acompañamiento psicológico y medidas de reparación del daño. María Elena fue víctima de un ataque con ácido en 2019 en Oaxaca, que fue realizado por su expareja. La agresión le provocó quemaduras graves en rostro y cuerpo, por lo que requirió múltiples cirugías. A partir de ello, se convirtió en activista para exigir justicia y leyes contra este tipo de violencia.

La llamada Ley Malena hace referencia a diversas reformas impulsadas en México para tipificar los ataques con ácido como una forma específica de violencia de género, establecer sanciones más severas y garantizar atención integral a las víctimas, incluyendo tratamientos médicos especializados y apoyo psicológico. Estas reformas han sido promovidas tanto a nivel federal como estatal, reconociendo la gravedad de este tipo de agresiones y la necesidad de una respuesta institucional más completa [2].

La experiencia de ambas víctimas para impulsar las leyes Olimpia y Malena ofrecen una oportunidad valiosa para avanzar hacia marcos jurídicos cada vez más justos y adecuados para las necesidades de quienes sufren la violencia. Por un lado, la Ley Olimpia destaca como un ejemplo positivo al reconocer que la violencia digital puede afectar a cualquier persona, permitiendo que también hombres accedan a la justicia cuando su intimidad y dignidad han sido vulneradas. Este enfoque refuerza la idea de que la protección de los derechos no debe limitarse por razones de género, sino centrarse en la persona. Por otro lado, los avances impulsados a partir del caso de María Elena Ríos, si bien responden a patrones específicos de violencia que afectan principalmente a mujeres, abren la posibilidad de seguir fortaleciendo su alcance para que niñas, niños, adolescentes y hombres que enfrenten agresiones similares, también puedan encontrar en la ley una vía efectiva de protección, atención y justicia.

En la CSW, nuestra gerente de operaciones tuvo oportunidad de participar en un evento que tenía como fin promover la erradicación de la violencia sexual. El evento contó con los testimonios de dos mujeres sobrevivientes de las redes de explotación sexual vinculadas al caso de Jeffrey Epstein, y expusieron fallas estructurales en la protección de las víctimas de trata. Estas experiencias ponen de manifiesto la estrecha relación entre la trata de personas y la explotación sexual, evidenciando que no pueden analizarse como fenómenos aislados. En este contexto, resulta necesario reconocer que la prostitución se encuentra atravesada por dinámicas de vulnerabilidad, coerción y violencia, lo que plantea importantes cuestionamientos sobre su consideración como una actividad plenamente libre o desvinculada del tráfico de personas.

Desde ConParticipación subrayamos que la escucha activa de las víctimas no es un elemento accesorio, sino una condición indispensable para el diseño de respuestas institucionales eficaces. Las leyes más justas no surgen únicamente del análisis técnico, sino del reconocimiento de las experiencias concretas de quienes han sufrido la violencia.

Colocar a la persona en el centro implica avanzar hacia un enfoque integral que contemple la prevención, la atención oportuna, la sanción adecuada y la reparación del daño. Este enfoque requiere, además, de un compromiso social más amplio que promueva una cultura de respeto a la dignidad humana en todos los ámbitos.

Nuestra experiencia en la CSW70 reafirma la necesidad de seguir impulsando espacios donde las víctimas sean escuchadas, no solo para visibilizar la problemática, sino para encontrar soluciones de raíz que realmente ocasionen una caída drástica en las cifras de violencia que muchas personas viven.

Conparticipación 

[1] https://www.jornada.com.mx/noticia/2021/06/01/sociedad/publica-dof-la-ley-olimpia-7260

https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/la-ley-olimpia-y-el-combate-a-la-violencia-digital

[2] https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/presentamos-la-ley-malena/

Créditos de imagen: Public Services International