El Gobierno de México expresó en un comunicado que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el cual es anexo a la Secretaría de Gobernación, así como sus homólogos estatales y municipales, han obtenido logros en la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como la disminución de la tasa de trabajo infantil, entre otros resultados. El comunicado señaló que también se deben atender los asuntos relacionados con la pobreza de la población de 0 a 17 años, la deserción escolar, los ciberdelitos relacionados con abuso sexual y trata de personas, en especial contra las niñas y las adolescentes [1].
Es positivo que el gobierno ponga atención a la protección de la infancia de una manera más efectiva. Sin embargo, es importante que también se busque la raíz que ocasiona el daño a los menores, no solo eliminar los efectos de los delitos que se cometen en contra de ellos, por ejemplo, delitos como la violación y la trata de personas en los que las adolescentes pueden resultar embarazadas como producto de esta actividad ilícita. En vez de castigarse eficazmente a los agresores el aborto eliminaría a los hijos en gestación, como si ellos fueran los culpables o los criminales.
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