El 27 de abril de 2021 se publicó en un medio de comunicación de México una filtración -un «trascendido»- que decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvería «en menos de 10 días» varios asuntos relacionados con el aborto, y que ello podría afectar definitivamente la protección al derecho a la vida en nuestro país. Esta acción de la SCJN se realizaría con motivo de una resolución que tiene pendiente de emitir para resolver tres acciones de inconstitucionalidad en las que se intenta anular el derecho a la vida desde la concepción. Estas acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pretenden que la Constitución sea interpretada como si esta debiera permitir quitarle la vida a un ser humano antes de nacer. Ambas instancias, la FGR y la CNDH se oponen al reconocimiento del derecho a la vida en Coahuila y Sinaloa, y a una disposición de la Ley General de Salud relacionada también con este tema [1].
Consideramos que este es un caso de gran trascendencia para el futuro del derecho a la vida en México, ya que nuestro más alto Tribunal tomará una postura en uno de los debates más importantes en el país: decidirán si se protege o no jurídicamente el derecho a la vida desde la fecundación. Queda pendiente saber si sucederá esta resolución, en qué fecha, y en qué sentido.
Esperamos que la Suprema Corte deje muy claro que el derecho a la vida de una persona no puede contraponerse con el derecho de otra, como en el caso de un hijo en gestación y su madre. Ambas vidas deben ser respetadas. El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho. La protección del derecho a la vida y el derecho a la salud de las mujeres exigen una competencia y comprensión más profundas por parte de las autoridades, y la creación de políticas públicas efectivas para proteger la vida de madres e hijos por nacer.
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