En Tlaxcala, el 10% de los embarazos registrados en niñas de 10 a 14 años es responsabilidad de alguien externo a la familia. Ante ello, algunas familias optan por unir a la víctima con su agresor bajo el argumento de que «se hará cargo» de la menor embarazada. Esto lo señaló Belén Vega Ahuactzin, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) del estado de Tlaxcala, en una entrevista para la Jornada de Oriente publicada el 1.º de marzo del 2026 [1].
La secretaria ejecutiva señaló que el principal obstáculo para la justicia ante casos de embarazo por violación en menores son los mismos familiares, quienes deciden no continuar con la denuncia o directamente encubren al agresor. Según Vega, en Tlaxcala, solo en un año, un proyecto de atención llevado a cabo de 2021 a 2024 registró 1 265 casos de violencia sexual y 97 embarazos infantiles en municipios de tres estados, entre ellos, 13 de Tlaxcala [2].
El pasado 19 de febrero la misma Vega Ahuactzin informó que durante el 2025 no se registró ningún matrimonio infantil en Tlaxcala, sin embargo, reconoció que en ese mismo año fueron detectadas 53 uniones tempranas de menores de edad. Algunas ocurrieron por acuerdo mutuo entre los menores, otras, por presión de los propios padres ante embarazos [3].
Para denunciar de forma anónima por vía telefónica este tipo de casos, el Consejo Estatal de Población (COESPO) pone a la disposición pública el número 089 o 911, o también se puede acudir directamente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Tlaxcala capital [4].
La familia debería ser el primer entorno de protección para niñas y adolescentes, pero en algunos casos se convierte en el espacio donde se normaliza el abuso o se obliga a la víctima a unirse con su agresor.
Es urgente construir una cultura de protección real: campañas que refuercen que el rol familiar es defender a las niñas, no encubrir el delito, y fortalecer la denuncia para que el abuso sexual infantil se atienda como lo que es, un crimen.
Hoy las políticas públicas priorizan ofrecer el aborto a las víctimas en lugar de protegerlas de sus agresores y garantizar justicia real.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
[4] Ibid.
