La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó un proyecto para modificar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el cual se definieron criterios para postular candidatos a diputados federales. En el proyecto se ordena al INE que se establezca una acción afirmativa para “garantizar” candidaturas a personas que forman parte de las comunidades “LGBT”, personas con discapacidad, entre otras [1].
Con esta resolución el Tribunal Electoral Federal impone candidaturas de minorías sociales en vez de garantizar la igualdad de condiciones para postularse según la capacidad del ciudadano. No es lo mismo eliminar barreras para las minorías que imponer cuotas. Con el criterio del tribunal la acción afirmativa se convierte en una herramienta de discriminación.
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