Cuando la ley deja de proteger —o protege solo a unos cuantos— y se convierte en mordaza, la democracia empieza a asfixiarse. A lo largo del año 2025 varios políticos mexicanos han logrado que se castigue a periodistas y a ciudadanos comunes que los han criticado en redes sociales. En este blog analizaremos concretamente tres casos: el primero involucra a una gobernadora de un estado del sur del país, el segundo a la alcaldesa de una importante ciudad del estado de Guerrero, y el tercero a una diputada federal por Sonora.
En todos los casos los funcionarios o autoridades se presentaron como víctimas de violencia política de género, y los tribunales impusieron castigos ejemplares para intimidar a otras personas y así en el futuro no sucedan expresiones de crítica a ciertas autoridades. Si bien es valioso que existan mecanismos para proteger a las mujeres que se desenvuelven en política para que no sufran injusticias o violencia, es importante también evitar que las leyes o dichos mecanismos sean usados como armas de imposición y de revancha.
Hablemos primero de estos casos:
Caso Campeche
En Campeche el periodista Jorge González Valdez fue demandado por daño moral, calumnia, discurso de odio y violencia de género de las que habría sido víctima la gobernadora de dicho estado, Layda Sansores. La denuncia hacía referencia a publicaciones realizadas en el diario Tribuna —en el cual había laborado anteriormente como director editorial hasta el año 2017— y realizadas también en su programa “Expediente” en redes sociales. En junio de 2025 el periodista fue vinculado a proceso y una jueza de control impuso la prohibición de ejercer el periodismo durante dos años, además de que se le ordenó pagar 2 millones de pesos [1].
El periodista presentó en su defensa que él ya estaba separado del medio Tribuna, pues se había jubilado desde 2017, pero no fue escuchado. González Valdez dejó de conducir su programa «Expediente» para evitar encarcelamiento y perder su casa. El miércoles 9 de junio de 2025 el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito suspendió dichas medidas cautelares por determinar que eran excesivas, de modo que levantó dicha prohibición de realizar trabajo periodístico por dos años y la multa de 2 millones de pesos. Sin embargo, poco después, en otro juzgado, una jueza de control ordenó que hubiera interventores del Tribunal Superior de Justicia de Campeche que revisaran las publicaciones de González Valdez y del medio de comunicación Tribuna y en esa sentencia les prohíbe estrictamente hacer cualquier mención, crítica o referencia a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. De modo que en vez de prohibirle ejercer el periodismo se le obligó a presentar a autorización cualquier pieza que involucre a la gobernadora. La sanción no se limitaba a prohibir las expresiones denigrantes hacia la gobernadora o hacia su condición de mujer, sino que prohibía toda expresión relacionada con ella o su gestión [2].
En otro caso, también en ese estado, sucedió que tres periodistas de un programa en línea llamado “La Barra Noticias” fueron denunciados por sus críticas a la persona y la gestión de la gobernadora Layda Sansores. Es relevante mencionar que esos comunicadores no solo se refirieron a la gestión sino también al aspecto físico de la gobernadora, quien presentó una denuncia y el Tribunal Electoral del Estado de Campeche le dio la razón. Se ordenó a los comunicadores que ofrecieran disculpas públicas. Los periodistas se inconformaron pero una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reafirmó la resolución a favor de la gobernadora. El 9 de agosto de 2025 los tres periodistas fueron obligados a subir sus disculpas a la plataforma de su programa, leyendo un texto impuesto por el tribunal electoral. Igualmente aunque esta sanción surge del deseo de eliminar insultos, calumnias o difamaciones hacia la gobernadora por su condición de mujer, esta sentencia inhibe la crítica hacia las acciones de gobierno [3].
Caso de alcaldesa de Acapulco
El mes de noviembre de 2023 el periodista Jesús Gabriel Castañeda publicó en su portal de noticias un reportaje en el que señalaba que podría existir un desvío de fondos por casi novecientos millones de pesos por parte de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Recordemos que el puerto de Acapulco sufrió una devastación histórica con motivo del huracán Otis. La funcionaria presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, acusando a Castañeda, director de Acapulco Trends y de El Ojo de Acapulco, de ejercer violencia política de género en su contra. En agosto de 2024 el tribunal resolvió en contra del comunicador y de uno de sus medios, Acapulco Trends. La sanción consistió en un poco más de 5 000 pesos, publicar una disculpa pública durante 15 días así como publicar también un extracto de la sentencia durante 30 días. También ordenó inscribir al periodista en Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un año y seis meses. Posteriormente el mismo tribunal fue aumentando las sanciones bajo el argumento de que no las había acatado. En julio de 2025 amenazó al comunicador con aumentar la multa a un poco más de 22 000 pesos. El periodista ha manifestado repetidamente su inconformidad [4].
Caso de la diputada “Dato protegido» [5]
El caso de la diputada federal por Sonora, Diana Karina Barreras, ha generado una corriente viral de memes y de otras expresiones de descontento social por las particularidades de la sanción que fue impuesta a una ciudadana común. La mujer sancionada expresó su desconfianza en redes sociales ante la candidatura de Barreras, esposa del actual líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Todo comenzó cuando Karla Estrella Murrieta, la ciudadana en cuestión, publicó en su cuenta personal de X que le parecía sospechoso que le hubiera sido otorgada a Barreras una candidatura para ser diputada federal, en atención a su relación con una figura relevante dentro del partido. Ante esto, la ahora diputada presentó una denuncia. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral falló a favor de la diputada y, a pesar de que la ciudadana Karla Murrieta llevó su caso a instancias superiores, todas ellas ratificaron el castigo.
El tribunal sostuvo que Murrieta debería publicar un extracto de la sentencia y una disculpa pública durante 30 días en su perfil de X. También impuso una multa económica de poco más de mil pesos, la inscripción en el registro de culpables de violencia política de género, así como la participación obligatoria en cursos de “reeducación en materia de género”. Ahora bien, el extracto de la sentencia y el texto que obligaron a Murrieta a usar para la disculpa decía “[DATO PROTEGIDO]” en donde hubiera ido el nombre de la diputada. Esto no pasó desapercibido, pues se observó la contradicción en el trato y la humillación pública a la que se quiso someter a una ciudadana común, al tiempo que a la legisladora no se le debería poder identificar a pesar de su cargo en el Poder Legislativo. El caso de Karla se difundió masivamente, y fue visto como un atropello y abuso del poder en contra de ciudadanos comunes que podrían ser castigados por expresar su opinión. De ahí que en las redes sociales comenzó a hablarse del caso de la diputada “Dato protegido”. La diputada Barreras en un primer momento difundió un video en el que se decía víctima del acoso en contra de las mujeres, aunque posteriormente afirmó que una sola disculpa bastaba. No obstante, al tratarse de una sentencia en firme, en un proceso en el que ella no se había desistido, ya no había alternativa para la ciudadana más que cumplir cabalmente la sanción.
Fundamento legal [6]
En los tres casos, las autoridades judiciales (principalmente tribunales electorales estatales y federales) se basaron en el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, que se encuentra codificado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículos 20-bis y 20-ter. Así mismo, advertimos que estas denuncias fueron presentadas en tribunales electorales. Esto se debe a una reforma de 2020 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que les da atribuciones para atender y resolver denuncias de violencia política de género, e imponer sanciones como multas, disculpas públicas, cursos de sensibilización, publicación de sentencias y registro nacional de sancionados. Las leyes estatales electorales de varios estados se hacen eco de dicha reforma.
Los tribunales han sido consistentes en argumentar que las críticas hacia las mujeres en política no están amparadas por la libertad de expresión. No obstante, al parecer ya encontramos situaciones donde no se protege a las mujeres de insultos o estereotipos denigrantes, sino que los tribunales asumen la autoridad para controlar lo que pensamos y lo que decimos los ciudadanos con respecto al desempeño de nuestros gobernantes, si dichos tribunales consideran que puede interpretarse como un daño psicológico o discriminación en contra, exclusivamente, de las mujeres.
Poder y humildad
Resulta interesante que la presidente Claudia Sheinbaum, al ser interrogada sobre algunos de estos casos, dijo: “Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces, no está bien esta exigencia de que ‘por 30 días te disculpes’. Sí puede haber una sanción del Tribunal de decir: ‘No hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública’, y bueno, se hace la disculpa pública.” Y añadió: «Ha habido otros casos y no, no estamos… Tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral, que tiene que analizar el propio Tribunal con sus criterios. Pero, para todas y todos: el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás.». Distinguió entre críticas legítimas y ofensas basadas en género: «Muy distinto cuando hay una ofensa personal a una diputada […] que tiene que ver con el físico de la persona, y dice una mentira o dice algo que no es, por el hecho de ser mujer. Eso sí tiene que reconocerse en la sociedad que debe de acabarse, eso no está bien” [7].
De aquí nos surgen 3 reflexiones:
- Es esencial para la democracia que las personas en puestos de responsabilidad o de autoridad puedan ser observados, interpelados y criticados por los ciudadanos. La ciudadanía no solo se ejerce con el voto, ni el gobernante o funcionario solo debe preguntar a los ciudadanos qué candidato eligen.
- Es preocupante que se abuse o manipule una herramienta como la violencia política de género para callar las voces que no agradan o critican a un funcionario. Algo que se debió concebir para la protección de los derechos de la mujer en la política no debe ser convertido en un arma de venganza o represión.
- El Poder Judicial debe ser un instrumento imparcial de justicia, no una tribuna de activismo social.
Como ciudadanos observemos cómo pueden ser vulnerados nuestros derechos para que, antes de que ocurra, exijamos a nuestros gobernantes que trabajen en favor de la democracia y no de intereses particulares. Estos casos, además, pueden servir de reflexión sobre el tipo de escenarios a los que nos enfrentaremos ante un Poder Judicial que ya no se construye a partir de una carrera profesional, sino a partir de elecciones y candidaturas.
Fuentes:
[2]
[4]
[5] https://www.animalpolitico.com/politica/dato-protegido-terminan-30-dias-disculpas-ciudadana-diputada
https://www.jornada.com.mx/2025/07/20/politica/004n1pol
[7] https://animalpolitico.com/politica/exceso-soberbia-sheinbaum-sancion-ciudadana-disculpas-diputada
