La diputada Claudia Quiñones Garrido (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el objetivo de garantizar la continuidad del tratamiento y el suministro ininterrumpido de medicamentos a personas diagnosticadas con cáncer. La propuesta establece que, en caso de que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud no puedan brindar la atención necesaria dentro de un plazo de 21 días naturales tras el diagnóstico, estarán obligadas a autorizar y cubrir los costos del tratamiento en instituciones privadas acreditadas [1].
La legisladora argumentó que esta medida busca proteger el derecho a la salud y mejorar la eficiencia del gasto público, pues la detección y atención temprana reducen considerablemente los costos y aumentan las tasas de supervivencia. Al respecto, Quiñones Garrido declaró: «Es indispensable implementar medidas costo-efectivas y urgentes que garanticen el acceso, diagnóstico y tratamiento oportunos, así como activar la capacidad del sector privado como apoyo subsidiario inmediato ante las fallas del sistema público» [2].
El gobierno debe atender a las necesidades de los servicios de salud de manera prioritaria. En el paquete económico 2026 debería haberse tenido presente. Es urgente que sea la dignidad de la persona, y no los criterios políticos o de partido, los que dirijan las decisiones de las autoridades. Es positiva esta iniciativa de ley, pero debe ir acompañada de recursos y de acciones.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
