A pesar de que las leyes mexicanas obligan a las autoridades a proteger la vida y cuidar la salud mental de la infancia, las estadísticas oficiales reflejan una realidad alarmante. De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas 2000-2025 de INEGI, durante el último año un total de 821 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años (381 mujeres y 440 hombres) perdieron la vida por suicidio en el país. Es la cifra más elevada de suicidios de menores registrados en México desde el 2000 [1].
Esta cifra representa una tasa de 4.6 casos por cada 100 000 menores de edad, un número que supera la tasa de suicidios de toda la población registrada en Israel en 2021. Ante estos datos, resulta evidente que las medidas de prevención y atención psicológica estipuladas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aún enfrentan grandes retos para garantizar de forma efectiva la supervivencia y el bienestar de las nuevas generaciones [2].
Abordar la crisis del suicidio infantil y adolescente en México requiere ir más allá de las cifras gubernamentales y establecer una estrategia integral que involucre de manera directa a los núcleos familiares, las comunidades escolares y las autoridades para atender oportunamente los factores de riesgo psicosocial en las nuevas generaciones. A este panorama se suma el impacto crítico del acoso escolar y el uso nocivo de tecnologías, elementos que incrementan la vulnerabilidad digital y emocional de los menores, haciendo indispensable la capacitación constante de los adultos para detectar señales de alerta a tiempo y ofrecer redes de apoyo psicológico accesibles.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
