Existen sospechas de que el sistema penitenciario de California, EE. UU., esterilizó a más de 1 000 prisioneras sin su consentimiento, la mayoría afroamericanas. Las afectadas se preguntan si esto fue motivado por un deseo de reducir los costos de asistencia social. Esta noticia se dio a conocer cuando Kelli Dillon, quien fue condenada a 15 años de prisión, denunció que durante ese tiempo fue sometida a una cirugía diciéndole que le extirparían un quiste de ovario. Cinco años después comenzó a experimentar síntomas de menopausia, y fue entonces que se dio cuenta de que le habían practicado una histerectomía (extracción del útero) sin su consentimiento. Dillon demandó al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), caso que perdió. Sin embargo, esto no la detuvo y realizó un proyecto con un equipo de cineastas para contar su historia y la de otras mujeres que afirman que vivieron la misma injusticia [1].
Este tema debe investigarse con atención y objetividad, para garantizar que un gobierno no trate a una persona como un objeto y mutile su fertilidad, mucho menos por motivos económicos. La dignidad de una persona debe respetarse siempre. Cumplir una condena en prisión no reduce o elimina los derechos de la persona.
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