El 19 de febrero Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos, incluyendo el de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además del Tren de Aragua (venezolano) y la Mara Salvatrucha (MS-13). Lo anterior, establecido mediante una orden firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, cumple con una directiva del presidente Donald Trump. México se había opuesto en los últimos años a esta medida por una posible intervención estadounidense. Ante el reporte de varios medios estadounidenses de que la CIA ha utilizado drones para vigilar laboratorios de fentanilo en territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no temer una invasión y sentirse respaldada por la población [1].
Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que México está dispuesto a coordinarse con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero sin aceptar subordinación, y que defenderá su independencia y soberanía. Criticó la política proteccionista de Donald Trump y su intención de intervenir en otros países bajo el pretexto de la lucha contra los cárteles. Aunque las declaraciones de Trump aún no se han materializado en acciones concretas, advirtió que México respondería en caso de una decisión más agresiva. Además, respaldó la propuesta de reuniones interparlamentarias con EE.UU., pero solo si realmente contribuyen a la cooperación sin generar más tensión [2].
Al designar como terroristas a los cárteles mexicanos el gobierno de EE. UU. procederá bajo sus propias pautas de política exterior, que podrían incluir sanciones e intervenciones directas, incluso fuera de su territorio. Se prevé que la respuesta de México ante este tema sensible se enfoque en buscar una comunicación estrecha con EE. UU. para garantizar que las medidas respeten la soberanía de la nación mexicana.
ConParticipación
Fuentes:
