El pasado viernes 24 de febrero, un grupo de 2 000 detenidos en El Salvador fueron trasladados al Centro de Confinamiento de Terroristas, una megacárcel ubicada en Tecoluca, municipio del departamento de San Vicente de ese país [1].
Este es el primer grupo de presos que son trasladados al mencionado centro de confinamiento, donde se espera recluir a 40 000 criminales. El presidente Nayib Bukele anunció un estado de excepción en marzo de 2022, que consiste en limitar la libertad de asociación y suspender el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado [2]. Desde entonces se calcula que han sido detenidos más de 62 000 presuntos pandilleros pertenecientes principalmente a las pandillas llamadas Mara Salvatrucha y Barrio 18 [3].
Estas medidas forman parte de su estrategia de seguridad, que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que señalan que se han cometido abusos como hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. A pesar de las críticas el presidente se ha jactado de haber disminuido en 10 meses los altos índices de homicidios en su país.
Es importante que El Salvador siga adelante en un proceso para restablecer la cultura de la legalidad, el estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos. Al mismo tiempo, es importante que haya cuidado y respeto a la dignidad humana de los criminales.
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