Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada dentro del palacio municipal de dicha localidad por hombres armados el pasado domingo 15 de junio. Durante el ataque, también falleció el agente municipal Eli Gregorio García Ruiz. Este hecho ha generado indignación entre las autoridades, quienes buscan justicia ante este crimen. García Soto, además de política, era profesora comprometida con causas ambientales e indígenas [1].
San Mateo Piñas es una comunidad regida por usos y costumbres, donde García Soto había llegado al poder tras denunciar corrupción previa. Su asesinato se da en un contexto alarmante; de acuerdo con la consultoría Integralia, 50 políticos mexicanos han sido asesinados en lo que va del año, el 80% de ellos eran líderes a nivel municipal o eran candidatos de algún puesto local. Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en incidentes de violencia política, lo que evidencia el riesgo que enfrentan quienes ejercen cargos públicos en regiones disputadas por grupos criminales [2].
La escalada de casos de atentados contra políticos a nivel regional, nacional e internacional es sumamente alarmante. Para el caso de México, la reincidencia de la violencia hacia funcionarios públicos es un signo de la falta del estado de derecho en el que se vive. Las leyes existen pero no se aplican, y los altos niveles de impunidad permiten encubrir a quienes ejercen violencia y cometen crímenes. Este es un momento crítico para el país, es necesario reconstruir la solidez del estado de derecho y proteger la democracia.
ConParticipación
Fuentes:
[1] https://www.bbc.com/mundo/articles/ce8z1dgkxnwo
[2] Ibid.
