La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal aprobó el 22 de abril del presente año un exhorto dirigido a los congresos locales de 11 estados —entre ellos Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato— para dar pasos hacia la imposición de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Lo anterior tiene su origen en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual en distintas ocasiones en años recientes ha emprendido un activismo judicial para imponer su visión a favor del aborto, dejando desprotegidos a los hijos en gestación durante cierto periodo de vida [1].
Durante la discusión, el legislador Amarante Gonzalo Gómez Alarcón (PT) señaló que el aborto “debe dejar de ser un debate moral y convertirse en una cuestión de salud pública y justicia social”. Por parte de Morena, Rosa María Castro Salinas y Olga Sánchez Cordero coincidieron en la postura a favor del aborto, sobre todo para mujeres en situación vulnerable. Ninguno de estos legisladores habló sobre la protección del derecho a la vida del hijo por nacer, que le corresponde desde la concepción. A su vez, el diputado Jaime Genaro López Vega instó a evaluar la implementación de la legislación en los estados donde ya se ha despenalizado esta práctica [2].
Los legisladores federales que atacan el derecho a la vida y promueven la discriminación prenatal con el aborto asumen expresiones cada vez más agresivas para intentar imponerlo en todo el país. Llama la atención el modo moralista de estos legisladores y su incongruencia al querer imponer esta terrible práctica en nombre de los derechos humanos, aunque atente precisamente contra los mismos.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
