La Cámara de Senadores de México aprobó el miércoles 25 de marzo de 2026 el llamado “plan B” de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, con una sola modificación relacionada con la revocación de mandato presidencial. El dictamen fue aprobado por mayoría calificada, con 87 votos a favor y 41 en contra. Al tratarse de una reforma constitucional, se requería el respaldo de al menos 86 de los 128 senadores [1].
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su revisión. En caso de ser aprobado sin cambios, deberá contar con el aval de al menos 17 de los 32 congresos estatales para que las reformas entren en vigor. La iniciativa surgió luego de que, a inicios de marzo, la Cámara de Diputados rechazara su primera propuesta de reforma electoral, incluso con el voto en contra de algunos de sus aliados. Entre las modificaciones aprobadas destacan:
- Una reducción gradual del presupuesto anual del Senado durante los próximos cuatro años, con el objetivo de alcanzar una disminución del 15 % respecto al presupuesto aprobado para 2026.
- Una reforma al artículo 134 constitucional para establecer que los funcionarios electorales —incluidos consejeros y magistrados— no podrán percibir salarios superiores al de la presidenta de la República ni contratar seguros o prestaciones especiales con recursos públicos.
- Una modificación al artículo 115 para limitar a una sindicatura y entre siete y 15 regidurías los ayuntamientos de los municipios del país.
- Una adición al artículo 116 que establece que el presupuesto anual de los congresos estatales no podrá exceder el 0.70 % del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente [2].
México sigue viviendo cambios estructurales en las instituciones de nuestro país. Es necesario que haya un amplio acuerdo sobre los motivos y cómo estos cambios mejorarán dichas instituciones. Debe evitarse que las reformas sirvan para consolidar intereses de poder de un partido o de un grupo político.
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