El pasado 30 de junio, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la minuta que adiciona, deroga y reforma diversas disposiciones de dos leyes generales que fortalecen la legislación sobre la búsqueda, identificación y localización de personas desaparecidas: la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas así como las reformas y adiciones a la Ley General de Población con lo cual se establece la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos [1].
Esta nueva CURP se convertirá en la identificación oficial universal para todos los ciudadanos mexicanos y extranjeros con estancia legal, incorporando información como nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía. Se indicó que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la legislación en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, además de agilizar trámites y servicios gubernamentales y privados [2].
Para lograr lo anterior, se creará una Plataforma Única de Identidad, bajo la administración de la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta plataforma permitirá la consulta y gestión de la CURP biométrica. Asimismo, será la fuente principal de consulta permanente y en tiempo real que se interconectará con registros públicos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos, así como con bases de datos de particulares en sectores como finanzas, transporte, salud, telecomunicaciones, educación, seguridad social, entre otros, cuya información sea necesaria para la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas [3].
La preocupación sobre la extorsión al usar datos sensibles como el CURP con datos biométricos es latente. Al otorgar estos datos se pone en riesgo a los ciudadanos para que sean sujetos de robo de identidad y fraudes, particularmente si hay vulnerabilidad en los sistemas de seguridad. Una cosa es ayudar a ejercer el derecho humano a la identidad y otra cosa es el acoso del gobierno y la intromisión excesiva de los datos privados de los ciudadanos.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
[3] Ibid.
