Existe un alarmante incremento en la violencia sexual contra menores en el entorno escolar en México. Los casos de hospitalización por este motivo han crecido más de un 1000 % en los últimos 15 años. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 2010 y 2024, el número de atenciones hospitalarias ascendió de 21 a 244 casos. Los activistas señalan un patrón denominado «violencia sexual organizada», que implica la participación o encubrimiento de maestros, directivos y personal administrativo, aprovechando espacios sin vigilancia como bodegas, baños y salones sin visibilidad. Redim agrega que los niños fueron agredidos en 2024 por personas que conocían dentro del ambiente escolar tales como estudiantes, docentes u otro personal [1].
En términos estadísticos, las niñas son las principales víctimas, representando el 81.6 por ciento de los casos atendidos en 2024, mientras que una quinta parte de los afectados son menores de entre uno a cinco años. A pesar de la existencia de protocolos oficiales, los especialistas exponen un grave «subregistro estructural» y redes de encubrimiento institucional que impiden conocer la magnitud real del problema. El impacto emocional en las víctimas es severo, manifestándose en trastornos de ansiedad y estrés postraumático, lo que subraya la urgencia de aplicar protocolos de prevención efectivos en todas las entidades del país [2].
En 2018 ocurrió un episodio grave en un jardín de niños público de la Ciudad de México, donde hubo un total de 57 denuncias de violencia sexual. A partir de los testimonios de las víctimas, se calculó que por lo menos 11 personas participaron en dichos actos delictivos. La respuesta de las autoridades se dio hasta el año 2025, cuando la Secretaría de Educación Pública emitió nuevas disposiciones federales para prevenir, identificar y actuar ante este tipo de delitos. A pesar de lo anterior, de los 32 estados de nuestro país solo la Ciudad de México ha publicado un protocolo local [3].
Las escuelas deben ser espacios seguros para nuestros niños. Para que esto sea una realidad, debemos partir de que todo menor tiene derecho a una infancia sin miedo y a un entorno libre de violencia. No podemos permitir que el abuso se oculte; ante cualquier señal, ya sea por sus propias palabras o por un cambio radical en su comportamiento, es necesario actuar con prontitud. En los hogares es vital que los padres de familia abran espacios de diálogo donde ellos sientan la confianza de hablar, sabiendo que sus padres siempre les creerán y los protegerán. Cuidar a la infancia es tarea de todos.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
[3] Ibid.
