El debate sobre el aborto en México lleva años ocupando titulares, discursos legislativos y conversaciones en redes sociales. Sin embargo, hay una dimensión de este tema que casi nunca aparece en esa conversación pública: la de los datos reales, obtenidos directamente de las autoridades, que revelan una realidad radicalmente distinta a la narrativa dominante. ¿Quiénes están realmente presos por el delito de aborto en México? ¿Qué investigan en verdad las carpetas de investigación que se abren cada año? ¿Ha funcionado la despenalización como política pública para proteger a las mujeres?

Para responder estas preguntas, en ConParticipación conversamos con Luis Alarcón, investigador de Early Institute, quien nos presentó los hallazgos del reporte Aborto: la realidad no contada, elaborado por el programa de Early Institute llamado UNNA: vida infancia y protección, a partir de solicitudes de información dirigidas a fiscalías, secretarías de seguridad, centros penitenciarios y secretarías de gobierno de todo el país. A lo largo de esta conversación, Alarcón desmontó mito por mito la imagen que se ha construido en torno al aborto en México de la mano de los datos reales. Toda la información que compartiremos aquí fue extraída de esta charla [1] [2]. 

¿De dónde vienen los datos?

Antes de entrar a los hallazgos, vale la pena detenerse en la metodología, porque es precisamente lo que da solidez a las conclusiones. Early Institute, en lugar de recurrir a fuentes internacionales o estudios externos, optó por construir su base de información a partir de solicitudes de transparencia dirigidas a las propias autoridades mexicanas. Como subraya Alarcón, «no utilizamos datos de fuentes externas ni nada; todo fue creado y obtenido a partir de solicitudes de información a distintas autoridades». Eso significa que los números que se presentan no son proyecciones ni estimaciones: son los datos que el propio Estado mexicano tiene en sus registros, en muchos casos nunca antes sistematizados ni difundidos.

El investigador advierte que muchas autoridades respondieron con desinformación o con negativas injustificadas. Hubo secretarías de seguridad que afirmaron no tener hombres presos por aborto, argumentando que «los hombres no pueden abortar». Hubo fiscalías que simplemente se negaron a compartir la información y la clasificaron con reserva de cinco años, algo que, según Alarcón, no tiene precedente para este tipo de datos en otros delitos. Esa opacidad selectiva, lejos de ser un dato menor, es en sí misma un hallazgo del reporte: hay instituciones del Estado que parecen tener interés en que esta realidad no se conozca.

El mito de las mujeres encarceladas por abortar

Quizás el mito más repetido en el debate público es el de que en México hay mujeres en prisión porque se practicaron un aborto voluntario. Este argumento se utiliza sistemáticamente para justificar la despenalización. Sin embargo, los datos que ha logrado recabar Early Institute apuntan en una dirección completamente distinta.

Al cierre del periodo estudiado, hay en México 71 hombres privados de su libertad por el delito de aborto y 7 mujeres. El especialista es enfático al respecto: en ninguno de estos casos se trata de personas que hayan decidido abortar voluntariamente. Los hombres están presos por haber cometido un aborto forzado contra una mujer embarazada, y las mujeres lo están por haber participado, de alguna forma, en ese mismo tipo de delito. Para poner esto en perspectiva, Alarcón señala que en 2024 había 38 hombres y 14 mujeres privados de su libertad por este delito, y que en el transcurso de un solo año el número de hombres encarcelados casi se duplicó.

Esto no es un detalle menor. Es la inversión completa de la narrativa predominante. Quienes están pagando en México una condena por el delito de aborto no son mujeres que eligieron interrumpir un embarazo: son, de manera abrumadora, hombres que ejercieron violencia contra una mujer embarazada y, como consecuencia de esa violencia, ella perdió a su bebé sin haberlo querido.

¿Qué investigan realmente las carpetas de investigación?

Íntimamente ligado a lo anterior está otro malentendido: el de que una carpeta de investigación por aborto implica que el Estado está persiguiendo a una mujer que abortó. Como advierte Alarcón, «uno tiende a pensar que cuando se abre una carpeta de investigación por aborto, la mujer es a la que están investigando». Los datos del reporte muestran que esto, en la práctica, casi nunca es así.

Las carpetas de investigación que se abren por el delito de aborto documentan, en su gran mayoría, casos de aborto forzado: situaciones en las que una mujer que deseaba continuar con su embarazo lo perdió a causa de la violencia de un tercero, en casi todos los casos, un hombre. Y no se trata de casos aislados o de circunstancias excepcionales. El investigador destaca que los delitos que con mayor frecuencia acompañan al aborto dentro de estas carpetas incluyen homicidio calificado, feminicidio, violación, violencia familiar, lesiones y corrupción de menores. El aborto, en estos expedientes, no es el delito central: es la consecuencia documentada de una cadena de violencia que ya venía de antes.

Entre los casos concretos que Early Institute ha documentado, destacan varios patrones que vale la pena describir con detalle, porque ilustran mejor que cualquier cifra la dimensión humana de lo que está ocurriendo.

Uno de los más frecuentes, especialmente documentado en Guanajuato, es la administración forzada de misoprostol. Alarcón explica que el modus operandi es el siguiente: 

  • el agresor, generalmente la pareja o el violador de la víctima, adquiere el medicamento en una farmacia sin receta médica y sin ningún tipo de control o supervisión, y se lo administra a la mujer sin decirle qué es. La mujer no sabe lo que está tomando. En las horas siguientes, el misoprostol hace efecto, y ella comienza a perder el embarazo sin entender lo que le está sucediendo. En otro de los casos más graves documentados por el reporte, una menor de edad embarazada fue obligada físicamente por su agresor a tomar las pastillas; el hombre le abrió la boca y se las dio por la fuerza. Ella fue a su casa, empezó a desangrarse y perdió la conciencia. Despertó en el hospital sin saber por qué había abortado. Como señala el investigador, fue el agresor quien tomó esa decisión por ella.

Otro patrón documentado es el de la violencia feminicida directa. Alarcón refiere casos de parejas que golpean a mujeres embarazadas hasta causarles la pérdida del bebé, en algunos casos motivados por celos o por dudas sobre la paternidad. También hay situaciones de violencia indirecta, como el de una mujer embarazada que perdió a su bebé tras ser impactada por un conductor en estado de ebriedad cuando salía de una consulta prenatal. En todos estos casos, el especialista subraya que el denominador común es el mismo: una mujer que quería tener a su hijo, y un factor externo —casi siempre masculino— que truncó ese proyecto de vida.

Las carpetas van en aumento, no a la baja

Frente al argumento de que despenalizar el aborto reduce la violencia y los delitos asociados, los números cuentan una historia diferente. Alarcón apunta que en 2024 se abrieron 841 carpetas de investigación por el delito de aborto en todo México, y que en 2025 esa cifra alcanzó el máximo histórico desde que existen registros comparables, es decir, desde 2015. Lejos de disminuir, el número de carpetas ha crecido de forma sostenida año tras año, con apenas una breve contracción durante la pandemia.

Lo que resulta especialmente significativo, como destaca el investigador, es cuáles son los estados que encabezan las tablas. El primero es la Ciudad de México, que despenalizó el aborto hace más de 15 años y que, pese a ello, acumula más de cien carpetas de investigación en la última década. En 2024, la Ciudad de México cerró el año con 186 carpetas; en 2025, con 244, el récord absoluto del periodo analizado. Le siguen Nuevo León y el Estado de México, en este último el aborto se despenalizó recientemente.

Estos datos contradicen de manera directa la tesis de que la despenalización reduce la violencia relacionada con el aborto. Y el razonamiento detrás de esa contradicción es claro, como explica Alarcón: cuando el aborto se despenaliza deja de castigarse, es como si dejara de ser un delito y toda la cadena de investigación y sanción se debilita. Sin una tipificación penal que respalde la denuncia  el Ministerio Público no tiene los mismos incentivos para investigar. Sin investigación, no hay juicio. Sin juicio, no hay reparación del daño ni atención a la víctima. El resultado, advierte el especialista, es que las mujeres que sufren un aborto forzado en un entorno despenalizado quedan, en los hechos, más desprotegidas que antes.

El delito de aborto como herramienta de protección para las mujeres

Este es, quizás, el hallazgo más contraintuitivo del reporte y, al mismo tiempo, el más importante para el debate de política pública. Como enfatiza Alarcón, el tipo penal del aborto forzado no existe para sancionar a las mujeres: existe, entre otras cosas, para protegerlas. Y los datos de las sentencias revisadas por Early Institute muestran con precisión cómo opera esa protección en la práctica.

En el sistema penal mexicano, cuando un imputado accede a un procedimiento abreviado, su condena puede reducirse hasta en tres cuartas partes. Si la sentencia resultante es menor a cinco años, el sentenciado no pisa la cárcel. El investigador señala que esto significa que, en muchos casos de violación o violencia grave, el agresor podría salir prácticamente impune si solo se le juzgara por ese delito principal. La incorporación del delito de aborto forzado dentro de la ecuación penal cambia ese cálculo de manera significativa: las sentencias que Early Institute ha documentado por la combinación de delitos oscilan entre seis y doce años de prisión, lo que garantiza que el agresor efectivamente sea encarcelado y que se ordene una reparación del daño a la víctima, incluyendo atención psicológica.

Sin ese tipo penal, advierte Alarcón, muchos de estos hombres saldrían libres en pocos años, o directamente sin haber pisado la cárcel. Con él, las mujeres tienen acceso a un mínimo de justicia real: el agresor paga su condena, hay una reparación económica, y hay acompañamiento psicológico para quienes vieron truncado su proyecto de vida de la manera más brutal posible.

Pocos juicios, mucha impunidad

Aun así, hay una brecha enorme entre las carpetas que se abren y la justicia que efectivamente se alcanza. El especialista señala que entre 2024 y 2025 se iniciaron apenas 27 juicios por el delito de aborto forzado en todo el país. Chihuahua encabeza la lista con seis, seguido de San Luis Potosí y Sonora con tres cada uno. La desproporción entre el volumen de carpetas abiertas y el número de juicios iniciados habla, según Alarcón, de un grave problema de acceso a la justicia que no puede ignorarse.

Y esos 27 juicios son solo la punta del iceberg. Por debajo de ellos hay cientos de carpetas que no avanzan, y por debajo de las carpetas hay un número desconocido, pero presumiblemente mucho mayor, de casos que nunca se denuncian. Las razones, como apunta el investigador, son las que se repiten en toda estadística de violencia de género en México: desconfianza en las autoridades, miedo a represalias, convivencia forzada con el agresor, y en muchos casos simplemente el desconocimiento de que lo que ocurrió constituye un delito. Muchas mujeres que fueron víctimas de un aborto forzado, advierte Alarcón, ni siquiera saben que existe un nombre para lo que les pasó.

Lo que esta conversación nos deja

Desde ConParticipación, nos parece que el trabajo de Early Institute representa exactamente el tipo de aporte que necesita este debate: datos. El reporte Aborto: la realidad no contada no solo desmonta mitos; también ilumina una dimensión del aborto que casi nunca se menciona en el discurso público, que es la del hijo o la hija que se pierde, la del proyecto de vida que se trunca, y la de la mujer que quería ser madre y no pudo serlo porque alguien más lo decidió por ella.

Proteger a las mujeres embarazadas no es una declaración de intenciones: es una responsabilidad concreta que se ejerce con instituciones que funcionen, con leyes que se apliquen correctamente, y con información que permita tomar decisiones fundadas. En eso estamos trabajando, y por eso conversaciones como esta son parte fundamental de lo que hacemos en ConParticipación.

ConParticipación

Fuentes:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=TBVlVVyRtOo 

[2] https://vidayderechos.org/docs/250902%20Aborto%20no%20contada.pdf 

[3] Imagen: TrueCreatives a través de Canva.com